La operación, que continúa su curso, tuvo lugar en la vereda El Morro, en el municipio del Alto Baudó, donde los militares acudieron apoyados por datos de inteligencia suministrados por la Policía, explicó el Ejército en un comunicado.
«Franklin» o «El Mocho», de 55 años, era según las autoridades el máximo cabecilla del Frente Resistencia Cimarrón del ELN, de cuyo soporte financiero y estructura armada era responsable, además de ser considerado el autor de varios asesinatos de líderes indígenas y campesinos, y del secuestro de un alcalde de la zona en 2015.
Pero fue su actividad relativa al narcotráfico lo que le convirtió en objetivo prioritario de las autoridades, como destacó el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, tras conocer el resultado de la operación.
«Eso es muy importante para la seguridad del Chocó, porque este individuo era el más grande narcotraficante de toda esa zona y estaba dedicado también a promover la minería criminal y la extorsión de tantos chocoanos que están hoy extorsionados», dijo el presidente desde el municipio de Apulo, en el departamento de Cundinamarca (centro).
Santos explicó que «Franklin» era «muy buscado» desde hacía tiempo y felicitó a las Fuerzas Militares, cuyo comandante, general Juan Pablo Rodríguez Barragán, destacó el impacto «estratégico» de la operación.
«Desde el punto de vista estratégico es muy importante, toda vez que se afectan las finanzas de esta agrupación del ELN en esta zona del país», declaró Rodríguez en declaraciones divulgadas por fuentes castrenses.
Según la Presidencia, «Franklin» se había consolidado en la región del Alto y Medio Baudó como el «gran barón de la droga», desplazando las estructuras «militares» del extinto cabecilla de la banda criminal de origen paramilitar Clan Úsuga, alias «Guagua», de la zona.
Asímismo, «consolidó un corredor de paso de droga desde el Baudó hasta el Pacífico, lo que le permitió monopolizar el negocio del narcotráfico en todas sus etapas».
Por su parte, el Ejército señaló que el Frente Resistencia Cimarrón suministraba a la guerrilla «más de 3.250 millones de pesos (alrededor de un millón de dólares) mensuales».
Por ello, consideró que con esta operación militar «se afecta significativamente los ingresos económicos producto del narcotráfico» que reciben los insurgentes.
Durante la operación los uniformados se incautaron de dos fusiles y «material relevante para la inteligencia militar», concluyó el comunicado.
El ELN y el Gobierno colombiano anunciaron el pasado 30 de marzo en Caracas un acuerdo para iniciar la fase pública de los diálogos de paz, que no comenzarán hasta que la guerrilla desista de su práctica del secuestro, según ha repetido desde entonces Santos.
