De las 358 cámaras que posee el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, 30 ya fueron examinadas. Para cada una de ellas la Fiscalía dispuso un análisis de 16 horas, considerando el antes, durante y después del accidente en el que dos adolescentes perdieron la vida al caer del tren de aterrizaje de un avión, el pasado 26 de febrero.
El objetivo: determinar cuál fue el área de seguridad vulnerada por las dos víctimas y si hubo personas que permitieron su acceso a la aeronave de manera ilegal. La fiscal a cargo del caso, Mónica Rivera, detalló que a la investigación se suman los testimonios de 50 personas entre familiares de las víctimas y personal que trabaja en la terminal aérea.
La figura penal que se maneja en este caso es la de homicidio culposo, por identificar sospechosos. Como resultado de las 480 horas de observación de los videos de 30 cámaras, se citará nuevamente a determinados ciudadanos -la fiscal no precisó quiénes porque el caso está en indagación previa- para que amplíen sus testimonios y “aclaren ciertas cosas”.
Rivera precisó que las pericias se extendieron al CPU de la computadora que utilizaron los jóvenes el pasado 25 de febrero -cuando fueron a un ciber- ubicado a un costado de “Arribo Internacional”, del aeropuerto, donde permanecieron 33 minutos. Allí se investiga con quién o quiénes se comunicaron vía correo electrónico. Asimismo se requirió la exploración de sus celulares.
