La dirigente acudió al foro “Derechos laborales, migraciones y violencias”, organizado por la Universidad Andina Simón Bolívar, en Quito. El acto se realizó a propósito del Día Internacional de la Mujer. En este espacio se analizó el panorama de Ecuador frente a la equidad de género en el área laboral.
Nathaly Yépez, abogada de Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), aseguró que la desigualdad contra las féminas sigue latente en el país. Según los estudios desarrollados por ONU, las mujeres ganan 40% menos de lo que ganan los varones que cumplen la misma labor. La jurista explicó que esa situación se evidenció en los 24 campamentos en Santo Domingo de los Tsáchilas y en Los Ríos, de la empresa japonesa Furukawa.
El pasado 18 de febrero la Defensoría del Pueblo denunció el caso de «esclavitud moderna» por parte de la compañía que atentó contra las condiciones dignas de los empleados. Según el informe, los empleados no tenían salarios justos ni seguro social. A decir de Yépez, en este caso las mujeres fueron doblemente afectadas, ya que no contaban de acceso a servicios de salud. Aseguró que hubo muertes de recién nacidos por falta de servicios médicos.
«El maltrato para las mujeres fue doble. Muchas de ellas murieron durante el parto por falta de atención profesional«. Marcela Arellano, vicepresidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), advirtió que el caso de desigualdad se registra de forma cotidiana, tanto en los sectores urbanos como rurales. La dirigente indicó que que el «Censo sobre responsabilidades familiares y uso del tiempo», concluyó que las madres laboran 31 horas más a la semana que sus parejas o los padres.
«Existe una doble y triple carga de trabajo». A eso se suma la brecha laboral por género. Según el gremio, en el sector público a las damas se las encasilla en trabajos de cuidado y en otras ocasiones se las ubica en actividades informales o sin contrato.
Según las cifras que maneja Ceosl, cuatro de 10 mujeres cuenta con Seguro Social; la mayoría -dijo- cuenta con acoso laboral e incluso son víctimas de violación. Para erradicar el problema, Arellano dijo que el gremio exige que el Gobierno asuma políticas frente a la redistribución de las responsabilidades familiares.
Recordó que el país firmó el Convenio 156 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) que habla sobre las responsabilidades en el hogar. «Pero en la práctica no hay una política para que promueva esta norma», señaló.
Por ello, la dirigente mencionó que el gremio demandó que Ecuador suscriba el nuevo convenio 190 que habla sobre Violencia en el lugar de Trabajo.
En esa línea, el jueves 7 de marzo, se presentó un informe técnico elaborado en una mesa conformada por el Ministerio de Trabajo, la Cancillería, ONU Mujeres y organizaciones sindicales como la Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar. El encuentro de la Universidad Andina se desarrollaron talleres bajo la temática “Nos juntamos, vivenciamos y reflexionamos”.
La jornada culminará con una movilización. Las activistas y la sociedad civil se concentrará en los exteriores del Ministerio de Trabajo y marchará hacia la Asamblea Nacional en donde presentarán un pliego de peticiones. Entre las demandas se encuentra la despenalización del aborto por violación.
Fuente: El Telégrafo – Nota original: LINK
