El Gobierno se pronunció en un comunicado sobre la sentencia que dictó un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) contra el exasambleísta Pablo Muentes; la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, Fabiola Gallardo el exjuez Johan Marfetán, entre otros implicados en el caso Purga.
«El Ecuador, como Estado, a través de la función judicial, ha dado un paso gigante para liberarse del lastre que supone la injerencia política en la justicia (…) La era de los intocables ha terminado», señaló el Ministerio de Gobierno en el comunicado.
#ATENCIÓN | «La era de los intocables ha terminado», dice el Ministerio de Gobierno, tras las sentencias dictadas en el #CasoPurga. ⤵️ pic.twitter.com/9ElDITOSWy
— NotiMundo (@notimundoec) March 4, 2025
Gallegos explicó que, de los 13 procesados, 10 fueron sentenciados por delitos relacionados con la delincuencia organizada. Sin embargo, aseguró que no existió evidencia que los vinculara con el narcotráfico, a pesar de que la narrativa del Gobierno sugirió lo contrario.
Afirmó que en el proceso hay tres personas a las que se les ratificó su estado de inocencia. Por lo que, con el comunicado ‘malintencionado’, lo que se hace es etiquetar tanto a los que están en el proceso penal como a aquellos a quienes se les ha ratificado su inocencia.
La abogada destacó que el manejo del caso por parte del Estado podría haber buscado capitalizar políticamente, especialmente en un contexto electoral. Agregó que, con las elecciones cerca, el Ejecutivo intenta apropiarse del mérito, presentándose como el principal actor en la lucha contra la criminalidad, cuando en realidad no es así.
Subrayó que esta intervención pudo haber deslegitimado el proceso judicial y afectado la percepción pública. Añadió que es crucial mantener la independencia del poder judicial para asegurar que los juicios se lleven a cabo de manera justa.
Gallegos también criticó el uso de redes sociales por parte de la fiscalía para difundir su versión de los hechos, lo que, a su juicio, pudo influir en la opinión pública. Enfatizó que esta acción comprometió la imparcialidad del proceso judicial y la presunción de inocencia de los acusados.
Finalmente, subrayó la necesidad de mayor responsabilidad en la comunicación del Gobierno y la Fiscalía sobre casos judiciales, evitando la desinformación y garantizando el respeto a los derechos de los acusados. Aseguró que la justicia debe prevalecer sobre los intereses políticos.
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