La Cartera de Estado se pronunció, en su cuenta de Twitter, sobre este caso considerado «de suma gravedad» con un comunicado en el que expresó «su solidaridad y apoyo a la familia de la menor afectada».
Según la información emitida por Educación, el pasado 30 de mayo el Ministerio, a través de su Distrito Educativo, conoció sobre un caso de violencia sexual contra una de sus estudiantes fuera del espacio educativo.
Tras la alerta, el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) del Distrito asesoró y acompañó a la familia a la Junta Cantonal de Protección de Derechos y al Ministerio de Salud para que la niña reciba medidas de protección, y apoyo médico y psicológico. Allí se estableció que la menor solo podría retirarse de la institución con la autorización de su madre.
Días después, el 12 de junio, «la menor fue sacada de la unidad educativa sin consentimiento de sus representantes y con uso de la fuerza, por lo que se procedió a la denuncia y al apoyo legal a la familia de la víctima y al acompañamiento psicológico al círculo familiar y estudiantil de la afectada. El mismo día, la docente a cargo del curso donde estudia la menor denunció a la Policía Nacional lo ocurrido», señala el documento.
«Los informes levantados por el personal técnico de educación se derivaron a las diferentes instituciones del Ejecutivo Desconcentrado (Junta Cantonal de Protección de Derechos y al Ministerio de Salud), así como a la Policía Nacional y al Gobierno Municipal de Cascales, con la finalidad de que se coordinen las acciones de búsqueda efectiva que permitan el rescate de la niña». El Ministerio de Educación rechazó todo acto violento dentro y fuera de las instituciones educativas.
