En entrevista en Notimundo, Ramiro García, presidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Penal, se refirió a la Ley de Solidaridad y al secreto profesional.
En la Ley de Solidaridad se afirma que los estudios jurídicos deben enviar a la Administración Tributaria un reporte de actividades sobre la creación, uso y propiedad de sociedades en paraísos fiscales. Respecto a ello, el presidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Penal cree que no se puede obligar a un abogado a denunciar a su cliente.
Mencionó al Código Orgánico Integral Penal, en el cual se castiga con hasta dos años de cárcel a los abogados que revelen la información de su defendido. “La relación entre cliente y abogado atañe derechos constitucionales”, precisó.
Para el presidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Penal, la Ley de Solidaridad lo único que busca es incrementar la carga impositiva. García dijo que el gremio de abogados no acatará esta normativa. “No vamos a delatar a nuestros clientes, no somos soplones”, enfatizó.
“A la primera autoridad que persiga a un abogado por no delatar a su defendido, como gremio lo denunciaremos legalmente”, añadió.
