El contrato para el mantenimiento del Metro de Quito fue firmado por un monto de USD 55.2 millones y consta de dos partes. La primera, con un costo de USD 33.1 millones, se refiere al ámbito preventivo, mientras que la segunda, valorada en USD 22.1 millones, se relaciona a labores correctivas dentro de la línea de servicio.
Para llegar a la adjudicación, surgieron dos pripuestas: la del Consorcio mexicano-español ASCH y la empresa Acciona Construcción S.A. Sin embargo, cuestionó que pese a la importancia del contrato los veedores del Metro no fueron tomados en cuenta, ni tuvieron acceso a la documentación relacionada a la adjudicación.
«Todo esto, sin la existencia y permanencia de un fiscalizador de primera línea. Nosotros como veeduría no hemos sido tomados en cuenta para nada», dijo Paladines.
Anteriormente, Acciona denunció que la oferta no cumplía con las reglas de participación. Además, precisó que en la documentación existían inexactitudes e inconsistencias, por lo que la Comisión encargada de verificar la adjudicación señaló que esta debía ser descalificada.
Frente a esto, Paladines exhortó a las autoridades a transparentar los términos y condiciones del contrato, así como las obligaciones de las partes que, hasta el momento, no se conocen.
El Metro, un servicio no sustentable
De acuerdo con Paladines, el balance entre ingresos y costos de operación del Metro de Quito lo convierten en un servicio insostenible.
Detalló que al considerar los 95 mil viajes diarios, multiplicados por 30 días, a un costo de 45 centavos, los ingresos serían de USD 1.3 millones. Esto, en comparación a los USD 8 millones que cuesta el mantener y demás labores de operación.
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