En los cuatro años del actual periodo legislativo se tramitaron en el pleno trece juicios políticos, de los cuales siete estuvieron dirigidos a ministros de Estado y los demás en contra de autoridades de otras instituciones. También no pasaron desde la Comisión de Fiscalización al pleno de la Asamblea varios procesos, entre ellos, un pedido de juicio a la exministra de Gobierno María Paula Romo y a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint.
La interpelación empezó con la censura al excontralor Carlos Pólit, por no auditar los contratos suscritos entre la empresa Odebrecht y el Estado; luego vino el juicio en contra del exsuperintendente de Comunicación Carlos Ochoa, por haber incurrido en abuso de autoridad e implementar un modelo de abuso de derechos. Antes de que concluya el mandato de José Serrano, fue censurado y destituido como fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, por no haber judicializado un audio entre el mismo Serrano y el excontralor Pólit, respecto a un plan para “bajarse al fiscal”.
En la administración de Elizabeth Cabezas se procesaron dos juicios. Uno en contra del ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, quien no fue censurado; en cambio, el exprocurador Diego García, sí lo fue.
Durante el periodo de César Litardo se tramitaron ocho juicios políticos. El primero de la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, quien no obtuvo los votos suficientes para su censura; luego el juicio a la ministra de Salud Pública, María Verónica Espinosa, que en una segunda votación la sala resolvió censurarla e inhabilitarla a ocupar cargos públicos por dos años.
También llegaron al pleno los expedientes que recomendaron la interpelación de cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, incluido su presidente, José Carlos Tuárez, todos censurados y destituidos; y a renglón seguido fue procesado el exministro de Cultura Raúl Pérez, pero no hubo los 91 votos para alcanzar su censura.
En septiembre del 2020, la Comisión de Fiscalización fue reorganizada por resolución del pleno tras el escándalo de corrupción sobre delincuencia organizada en la construcción del hospital de Pedernales que involucró a los legisladores Daniel Mendoza y Eliseo Azuero, dos de sus integrantes.
Asumió la presidencia el asambleísta Elio Peña (PK-BIN) y un mes más tarde llegó al pleno el juicio político en contra del presidente del CPCCS, Christian Cruz, quien fue censurado y destituido del cargo por incumplimiento de funciones y falta de probidad notoria al obtener un carné de discapacidad y recibir beneficios tributarios.
Un mes más tarde, entregó al pleno un informe recomendando iniciar el juicio político en contra de María Paula Romo, como ministra de Gobierno, por el uso de bombas lacrimógenas caducadas en el paro de octubre del 2019, planteado por los asambleístas Roberto Gómez y Lourdes Cuesta (antes del bloque CREO) y Amapola Naranjo (RC). Ella fue censurada y destituida.
La Asamblea Nacional reformó la Ley Orgánica de la Función Legislativa y con ello, en noviembre del 2020, entraron en vigencia nuevas reglas para los procesos de fiscalización y una de ellas es que todos los expedientes deben pasar a conocimiento del pleno, independientemente de la recomendación de la comisión.
Ya en vigencia la nueva forma de procesar los juicios, la comisión tramitó el juicio político en contra del exministro del Trabajo Andrés Isch, acusado por las asambleístas Marcela Aguiñaga y Marcela Holguín (RC) de abrogación de funciones en la aplicación de la Ley Humanitaria. Pero tras el proceso fue absuelto.
El último juicio que procesó la comisión fue en contra del exministro de Salud Juan Carlos Zevallos, por incumplimiento de funciones en la adquisición de vacunas y alterar el plan de vacunación contra el COVID-19. Fue enjuiciado en ausencia y censurado.
Peña aclara que jamás llegaron a la comisión los cinco pedidos de juicio en contra del exministro Richard Martínez, presentados el año pasado y que ya fueron calificados por el Consejo de Administración Legislativa (CAL); según conoce, hay dos solicitudes de juicio que aún no son admitidas a trámite.
Se trata de los pedidos de juicio político en contra del ministro de Energía y Minas, René Ortiz, presentados por la asambleísta socialcristiana Mercedes Serrano, por incumplimiento de funciones en la contratación de seguros de Petroecuador e incumplimiento de la Ley en contra de los trabajadores y jubilados de la Corporación Nacional de Electricidad.
La otra solicitud de interpelación la presentó el legislador Juan Lloret (RC) en contra del contralor del Estado, Pablo Celi, por el escándalo de corrupción; aún no existe calificación por parte del CAL.
Lloret, como uno de los proponentes del juicio en contra del exministro Martínez, y como asambleísta reelecto por el Azuay, anunció que en el nuevo periodo legislativo insistirá en su interpelación, pues el plazo de un año para que la Asamblea pueda juzgarlo políticamente vence en seis meses.
Nota Original: El Universo – LINK
