El próximo martes, 7 de marzo, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado avocará conocimiento de tres de los cerca de 18 proyectos de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La asambleísta Mariangel Muñoz, vicepresidenta del organismo, anunció que entre las propuestas a trámite está la del Presidente de la República que plantea, entre otros objetivos, que las dosis mínimas de drogas establecidas para los consumidores, no las realicen en espacios públicos.

Indicó que en respuesta a su inquietud, la Comisión invitará a Alexandra Arce Plúas, alcaldesa de Durán, provincia de Guayas, a fin que comparta la experiencia sobre el contenido, alcances y resultados de la ordenanza referente al consumo de drogas. En este caso, el municipio ha regulado el espacio público para la sana distracción, esparcimiento y seguridad ciudadana, previniendo y protegiendo el interés de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en general, evitando contacto con personas que están consumiendo sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

Este ejemplo de un ambiente de paz y tranquilidad puede ser un modelo para los demás gobiernos autónomos descentralizados (GAD), entonces sería necesario pensar en determinar transitorias al Código Penal o al COOTAD con el propósito que dentro de las competencias municipales se fije plazo para que dicten ordenanzas similares. Urge combatir el microtráfico para impedir que supuestos consumidores, siendo identificados como traficantes, se dediquen a vender drogas en centros escolares y otros lugares de convivencia pacífica, enfatizó.

Problema de salud pública

Entre tanto, la asambleísta Gina Godoy manifestó que el Estado considera a la adicción de drogas como un problema de salud pública, en cuya solución deben involucrase la familia, la comunidad educativa, las instituciones públicas, el entorno, etc.

Más allá que la persona adicta no se reconozca enferma, el Estado está para ayudarle, en acción con los actores referidos, puntualizó, tras destacar que la reforma del Primer Mandatario busca salvaguardar la integridad de niños y adolescentes, que es una población totalmente expuesta; es una medida que apuesta a evitar que caigan en las redes de los microexpendedores y empiecen a consumir a temprana edad.