En su intervención, la fiscal Ruth Palacios acusó a Omar S., y a su esposa, la concejala Karen S., como autores de asociación ilícita por considerar que fueron quienes organizaron a un grupo de personas para que visiten los centros nocturnos y acuerden reuniones en las que solicitaban altas sumas de dinero para el trámite de las Licencias Únicas de Actividad Económica, (LUAE).
También, la Fiscal acusó a 7 personas como cómplices de asociación ilícita, luego de que se determinó que los procesados cumplían órdenes y tenían un rol especifico dentro del grupo, como extorsionar, recolectar y depositar el dinero, producto del ilícito, en cuentas de Omar S., quien no pudo justificar su origen.
La audiencia preparatoria de juicio y sustentación de dictamen se desarrolló el 9 de marzo en la Sala 6 de la Corte Provincial de Pichincha, ante el Juez Marco Rodriguez.
Durante la mañana, el procesado David Ch. se sometió al procedimiento abreviado, que consiste en aceptar el delito, a cambio del beneficio de la reducción de la pena. Por tal razón, el Juez Rodriguez lo sentenció a un año y seis meses de privación de libertad por asociación ilícita.
La Fiscalía inició las investigaciones en este caso desde noviembre del 2015, luego de receptar denuncias de que existían, supuestos funcionarios que extorsionaban a dueños de centros de tolerancia, para que a cambio de sumas de dinero, se tramite la entrega de licencias de funcionamiento, documentos indispensables para que un local comercial se realicen actividades económicas.
En este proceso judicial, los dos asesores de Karen S., su esposo Omar S. y seis dueños de casas de tolerancia fueron procesados, es decir, los que habrían pagado y los que habrían recibido el dinero.
En las próximas horas se conocerá si las 9 personas acusadas por la Fiscalía son llamadas a juicio.
Datos:
El delito de asociación ilícita está tipificado en el artículo 370 de Código Orgánico Integral Penal (COIP) y sancionado con privación de libertad de 3 a 5 años.
El 24 de enero de 2017, la Fiscalía dirigió una reconstrucción de los hechos en la Unidad de Licenciamiento de Industrias, en la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda del Municipio de Quito.
