Agentes de la Unidad de Lavado de Activos confiscaron documentos en la empresa Diacelec, en Quito, el viernes

Agencia Andes

Las seis personas relacionadas con la red de pago de sobornos de la constructora Odebrecht habrían cometido cohecho, concusión (exigir pagos indebidos), lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Esta serie de hechos configuran el delito de asociación ilícita, por el que están siendo indagados.

El Código Integral Penal (art. 370) lo sanciona con prisión de tres a cinco años. Permanecerán detenidos 90 días, que corresponden a la etapa de instrucción fiscal. Tras este período de investigaciones, se desvirtuarán o no los cargos en su contra.

La Fiscalía estableció, tras cinco meses de indagación, que los cinco presos y uno con arresto domiciliario habrían sido parte de un esquema criminal internacional, en el que Ecuador no es la excepción.

Carlos Villamarín, exfuncionario de la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), habría recibido pagos para que Odebrecht se beneficie de contratos. Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas, valiéndose de su parentesco, también habría ayudado a que se obtengan varios contratos.

José Rubén Terán, exfuncionario de Petroproducción, supuestamente era intermediario entre la multinacional y otros empleados públicos, en compañía del empresario guayaquileño Gustavo Massuh.

Kepler Verduga y José Catagua, dueño y gerente de Equitransa, habrían sido los facilitadores para concretar la entrega de sobornos, usando como escudo a esta firma subcontratista de Odebrecht. Verduga también aparece como director y tesorero de una ‘offshore’ en Panamá, que lleva el mismo nombre, inscrita el 29 de enero del 2010 con USD 10.000.

Además, en el Registro Público de Panamá se encuentra Equitransa Internacional, que fue registrada en el 2011 y ahora está disuelta. Sin embargo, en el reporte de Fiscalía sobre el caso constan los montos injustificados de José Terán Vásconez, que obtuvo la libertad, Massuh y Villamarín.

Pero no está el detalle de Rivera, Catagua y Verduga. Para determinar los recursos sin justificar se cruzaron datos del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE).

Fuente: El Comercio