Previo a que se inicie el debate en la Asamblea Nacional, la bancada de Alianza PAIS (AP) se reunió para discutir la reforma tributaria para mitigar los efectos del terremoto que sacudió al país el pasado 16 de abril. Uno de los cambios propuestos en la cita, y que se reiteró en varias ocasiones, es que el proyecto contemple beneficios de la ley para toda la provincia de Esmeraldas, y no solo los cantones Manabí y Muisne. Dicha propuesta fue respaldada por legisladores de la oposición, como Luis Fernando Torres (Cambio-PSC), Lourdes Tibán (Pachakutik) y Ramiro Aguilar (independiente).
Otro planteamiento del lado oficialista fue respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA). Los legisladores de AP consideran que splo se incremente un punto, es decir del 12 % al 13 %, y que el resto de recursos se los busque por otras fuentes, como contribuciones de los gobiernos autónomos. Así lo manifestó Fausto Cayambe (AP), asegurando que si se pide 1,5 % de la asignación a los municipios, 1 % a prefecturas y 0,5 % a las juntas parroquiales, se podría obtener alrededor de 350 millones de dólares.
Asimismo, la bancada oficialista advirtió que el proyecto no contempla una planificación a mediano y largo plazo, por lo que no descartaron fijar alzas en las preasignaciones para salud y educación de Manabí y Esmeraldas, en 2017 y 2018.
Otra propuesta que tuvo eco fue la de la asambleísta Rosa Elvira Muñoz. Ella planteó que los municipios de las zonas afectadas deben realizar un nuevo catastro. La idea es que los cabildos hagan evaluaciones para actualizar las cifras y lo que deberían pagar quienes perdieron bienes inmuebles.
Durante la sesión también se propuso que el cantón Muisne sea declarado como Zona Protegida, como una apuesta al ecoturismo. Otros asambleístas de oposición, como Gilmar Gutiérrez y Antonio Posso, propusieron la venta de activos del Estado, como el Banco del Pacífico. Además, la subasta de los medios de comunicación incautados, la venta de TAME y del 38% de las acciones del Estado en la Cementera Nacional y que se pida la moratoria del pago de la deuda externa.
Por su parte, el oficialista Gabriel Rivera, solicitó que se grave el nuevo impuesto al patrimonio para quienes tengan más de 500.000 dólares. Según dijo Rivera, se aplicaría una tabla diferenciada que iría del 0,5 % hasta el 0,9 %.
Por otro lado, la asambleísta Blanca Argüello señaló que no solo es necesario pensar en los grandes empresarios, sino también en los pequeños productores y comerciantes, para reactivar la economía de las zonas devastadas. “Deberíamos tener mecanismos para inyectar recursos a la Economía Popular y Solidaria, porque son los pequeños comerciantes quienes generan recursos diarios que mueven la economía”, apuntó.
