Con las detenciones de Carlos Alberto Ortiz y Wilmer Cayetano Pino, apresados tras el intercambio de disparos con la policía en el que murió Ulloa hace dos días, se elevó a once el número de presos de la banda que se estima está integrada por otros siete sicarios prófugos.
La muerte de Ulloa y las detenciones de Ortiz y Pino se produjeron en la población minera de Tumeremo, en el estado Bolívar, en una de cuyas minas de oro fueron acribillados y ocultados los cuerpos de los mineros, hallados el 14 de marzo en una fosa de cinco metros de profundidad tras una ardua búsqueda policial y militar.
Las investigaciones de los agentes sostienen que el móvil de la masacre fue el control territorial de una de las zonas ricas en oro, diamantes y otros minerales que el Gobierno se apresta a explotar industrialmente con inversiones de trasnacionales.
Ortiz fue acusado hoy formalmente de «homicidio calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles en grado de coautor».
También de «porte ilícito de arma de fuego, resistencia a la autoridad, legitimación de capitales, robo agravado, privación ilegítima de libertad y asociación para delinquir».
Pino, a su vez, afronta los cargos de «porte ilícito de arma de fuego, tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de ocultamiento (1,12 kilos de cocaína), resistencia a la autoridad, legitimación de capitales y asociación para delinquir».
El pasado 30 de abril fue acusada de complicidad de las muertes de los mineros Rosa Gil Salazar, detenida dos días antes e identificada como «la principal colaboradora» del ecuatoriano Ulloa.
También fue señalada de «legitimación de capitales y asociación para delinquir» al integrar la banda al parecer enfrascada en disputas por el control de minas de oro explotadas ilegalmente.
Gil Salazar fue apresada en una carretera próxima a la mina en compañía de su sobrino Luis Tomás Rivera Malavé, acusado a su vez de «legitimación de capitales y asociación para delinquir».
Los detenidos acusados de ser «coautores de homicidio múltiple» son los supuestos sicarios Francisco David Carache Zambrano, Dennis Renier Cardozo y Eduardo José Iglesias López.
Contra los tres también pesan acusaciones de «porte ilícito de armas de fuego, asociación para delinquir, privación ilegítima de libertad y robo agravado», entre otros delitos.
Del resto de detenidos, los colombianos Rodolfo Andredy Castrillón Castro y Publio Evelio Martínez Suárez afrontan acusaciones de «tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos, legitimación de capitales y asociación para delinquir».
Los primos venezolanos Manuel Alejandro Balaguera y Carlos Alonso Balaguera fueron imputados a su vez por «legitimación de capitales y asociación para delinquir».
