«Las continuas torturas y malos tratos a los detenidos son una cuestión de grave preocupación, pero reconocemos el compromiso genuino y los esfuerzos del Gobierno en afrontar este asunto», señaló el jefe de la UNAMA, Tadamichi Yamamoto, en un comunicado.
El informe, elaborado por la UNAMA y Oficina de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), se basa en el testimonio de 469 reos detenidos entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016, indica que más de un tercio de los entrevistados ofrecieron «pruebas creíbles» de haber sufrido torturas y malos tratos.
Según UNAMA, el 45 % de los entrevistados que habían sido arrestados por la policía afgana dijeron que habían sido torturadas y maltratados, lo que supone el porcentaje más alto desde 2010, mientras que el 26 % de los detenidos por el Directorio Nacional de Seguridad (NDS) adujeron haber sufrido torturas.
Además, al menos 38 de los 85 menores de edad arrestados ofrecieron pruebas verosímiles de haber sido maltratados mientras se encontraban en custodia de las fuerzas de seguridad afganas.
La mayoría de los detenidos fueron presuntamente torturados para obtener una confesión, cuyo contenido generalmente no comprendían.
«Muchos de los entrevistados señalaron que no entendían o no podían leer lo que estaba escrito en su confesión, que firmaron con el pulgar», se detalla en el informe.
UNAMA reconoció los esfuerzos del Gobierno afgano para acabar con la tortura en sus centros de detención y pidió a las autoridades del país que esta práctica «cese inmediatamente» y que se abran investigaciones imparciales e independientes para esclarecer estos casos.
Aunque Afganistán se adhirió en 1987 a la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles de la ONU, el país todavía no cuenta con una ley que penalice de manera específica estos abusos.
No obstante, el Ejecutivo afgano aprobó el pasado mes de febrero un proyecto de ley que prohíbe «todas» las formas de tortura que aún debe ser aprobada por el Parlamento o pasar en forma de decreto presidencial.
La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán (AIHRC, en inglés) registró el año pasado cerca de 200 casos de tortura ocurridos al amparo de los órganos públicos afganos.
