El primer vicepresidente del Legislativo, Freddy Guevara, aseguró a los periodistas que los diputados opositores y la alianza de partidos Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se desplegarán «a lo largo y ancho» del país para recoger firmas que exijan al Poder Ciudadano calificar como «falta grave» la actuación de los jueces de la Sala Constitucional.
«A partir de hoy en la tarde invitamos a los venezolanos a descargar esta planilla (formulario) y salir a recoger firmas por todos lados, firmas que respalden la necesidad y la exigencia (…) de que se proceda a abrir el procedimiento para que pueda la AN destituir a los magistrados», sostuvo.
Quienes firmen, explicó Guevara, estarían exigiendo a la fiscal general, Luisa Ortega, al contralor general, Manuel Galindo, y al defensor del pueblo, Tarek William Saab, -que integran el Poder Ciudadano- avalar el proceso contra el Supremo.
El diputado adelantó que una vez recabada «una cantidad de firmas suficientes» la MUD y el Parlamento llamarán a marchar el mismo día en los 335 municipios de la nación suramericana para «que todos los ciudadanos inundemos con cientos de miles de solicitudes las Defensorías para exigir la destitución de esos magistrados».
Los opositores han emprendido estas acciones luego de que la Sala Constitucional publicara dos sentencias, que ya fueron parcialmente suprimidas, en las que despojaban al Legislativo de sus atribuciones y limitaban la inmunidad de los diputados, algo que ha sido visto por la MUD como un «golpe de Estado».
Tras ello, la fiscal general denunció que estas decisiones de la Alta Corte representaban una «ruptura del orden constitucional».
La Constitución venezolana estipula que para que el Parlamento pueda iniciar el proceso de destitución de los magistrados del Supremo, el Poder Ciudadano, previamente, debe considerar que los jueces han cometido una falta grave.
El defensor del pueblo -que preside el Poder Ciudadano- anunció ayer que esa instancia «acordó declarar la improcedencia» de calificar la actuación de los jueces por considerar que es «inoficioso emitir pronunciamiento» pues las decisiones del Supremo, dijo, ya habían sido «de oficio aclaradas».
