Tras un ciclo de reuniones que se prolongó por dos semanas, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), una alianza de partidos que agrupa a la mayoría de los opositores, decidió «por unanimidad conformar un movimiento democrático de presión popular para activar todos los mecanismos de cambio democrático», dijo portavoz de la organización, Jesús Torrealba.
Entre las opciones que baraja la oposición está la aprobación de una enmienda constitucional que acorte el mandato presidencial de 6 a 4 años, iniciar el proceso para convocar un referendo revocatorio o presionar la renuncia del mandatario, todo con la mirada puesta en que se realice una nueva elección presidencial este mismo año.
La llamada «Hoja de Ruta 2016» de la MUD puso la renuncia de Maduro en primer lugar de sus demanda, una iniciativa que, según los planes de la agrupación política, comenzara a ser demandada con movilizaciones callejeras el próximo sábado en Caracas.
La intención es, según un comunicado conjunto de la alianza, «lograr la renuncia de Nicolás Maduro de la Presidencia de la República, exigiéndola con una amplia movilización popular nacional que debe caracterizarse por su carácter pacífico y su contundente determinación democrática».
La jornada que coincidirá con un llamado que ha hecho por su parte el propio Maduro para reunir al chavismo en las calles para defender el proyecto socialista impulsado por su predecesor, el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).
Sobre la enmienda constitucional, que debe ser redactada por el Legislativo, de mayoría opositora, y sometida luego a un referendo, el texto de la MUD señala que reducirá el mandato presidencial de seis a cuatro años con lo que se deben «lograr elecciones presidenciales este año».
Sobre el referendo revocatorio del mandato de Maduro, destaca que se debe «garantizar su convocatoria y realización eficiente» a través de una «ley de referendos con el objeto de impedir el bloqueo o retardo de este mecanismo constitucional que es un derecho ciudadano».
«La Carta Magna está siendo violada por las instituciones que debieran interpretarla, defenderla y salvaguardarla, y ante esta realidad», insiste el texto de la MUD, la oposición «llama al desarrollo de una intensa y pacífica movilización nacional».
Se trata, añade, de «recuperar la vigencia plena de la Constitución y rescatar la democracia», porque «la profundidad de la crisis y la naturaleza del actual régimen exige que pongamos énfasis en la movilización de presión y reencuentro popular».
La MUD también se plantea como meta «la conquista de todas las gobernaciones» en las elecciones regionales previstas para finales de año, «pues también en esos escenarios regionales -remarca- debe verificarse el cambio».
El texto leído por Torrealba insiste en que «ante el agravamiento de la crisis económica y social que amenaza con destruir lo poco que queda de convivencia ciudadana y de estabilidad institucional», la MUD «reitera al pueblo de Venezuela y a la comunidad internacional el compromiso de alcanzar una solución política, electoral constitucional y pacífica este mismo año».
Advierte además de que, si el Gobierno de Maduro persiste «en su práctica irresponsable de intentar bloquear los mecanismos constitucionales para una solución pacífica a la crisis, no dudaríamos en activar un proceso constituyente».
La actual Constitución se aprobó en Venezuela en un referendo celebrado en 1999 a instancias del entonces presidente Chávez, antecesor y mentor político de Maduro.
Este proceso constituyente originario, «por su misma naturaleza, estaría a salvo del saboteo de los poderes constituidos», afirma el texto de la MUD, que concluye con la consigna «el cambio es lo que viene ¡y nada lo detiene!».
Aunque hasta el momento ni Maduro ni los lideres del chavimo han hecho un pronunciamiento oficial sobre esta «hoja de ruta», en los últimos días varios de ellos sostuvieron que la oposición intenta promover «un golpe de estado».
Todo esto se desarrolla en un momento de angustia para el país caribeño tras la denuncia de una supuesta masacre de al menos 28 mineros desaparecidos en una zona minera al suroriente del país.
Sin embargo, pese a la denuncia de familiares y supuestos testigos presenciales de la presunta masacre, las autoridades aún no han dado información que corrobore el hecho.
