La Fiscalía informó a través de su cuenta de Twitter que Carlos L. y Blanca F. recibieron la medida cautelar por parte de un juez de la Unidad de Flagrancia, en la audiencia de formulación de cargos realizada el 30 de septiembre.
Según la fiscal María Elena Paucar, los acusados fueron dueños de una clínica de desintoxicación donde supuestamente estuvo Romo. El establecimiento, ubicado en el sector de Pisulí, en el norte de Quito, fue clausurado por la Policía en el mismo año de la desaparición del estudiante.
Las investigaciones de la Fiscalía detallan que Romo habría sido maltratado y golpeado durante su estadía en ese lugar. Esta información se conoce gracias a las versiones de internos y otros elementos de convicción que posee la fiscal.
