El caso se dio el 31 de mayo pasado en el centro de reclusión de Turi, sin que hasta ahora hayan sido sancionados los responsables de haber propinado golpes con toletes y patadas a los reclusos, a quienes también les arrojaron gas pimienta y les propinaron descargas eléctricas.
Los activistas rechazaron que el argumento de los abogados de los ministerios del Interior y Justicia sea que esas prácticas forman parte del procedimiento de requisas, pese a que a los afectados no se los ve resistiéndose al control.
