En total, diez partidos políticos y once organizaciones sociales se inscribieron en el Consejo Nacional Electoral para realizar campaña para el referendo. Entre las que apoyan la iniciativa presentada por el presidente Correa están: Alianza PAIS (AP), Avanza, Fuerza Compromiso Social y el Partido Socialista Ecuatoriano, además grupos de trabajadores, amas de casa, entre otros.
Mientras que, por el No, se encuentran en campaña grupos como Creo, del exbanquero y candidato a la presidencia Guillermo Lasso, Pachakutik, Unidad Popular, Fuerza Ecuador, Concertación, entre otros. Cada una recibió por parte del CNE 48 mil dólares para promocionar sus opciones.
Pese a que la campaña no ha sido muy publicitada en medios de comunicación, los actores políticos aseguran que esta tiene que ver, principalmente con el combate duro y directo en contra de la corrupción y que no está dirigida a ninguno de los candidatos.
Según Oscar Bonilla, secretario de Acción Política de AP, “esta campaña ha sido a tierra, mediante el diálogo directo con los ciudadanos y ha sido establecida dentro del proceso puerta a puerta” con el objetivo de resolver las inquietudes de los ciudadanos.
“La ciudadanía entiende quienes son los vectores que generan este problema, los ha identificado y ha reaccionado con bastante potencia al respecto. Podemos decir que más del 60% de ciudadanos no únicamente aprueban que la consulta se realice, sino que están dispuestos a impulsar el sí en este proceso”, dijo Bonilla a Andes.
Los ecuatorianos están llamados en las urnas el próximo domingo para responder a la pregunta de: “¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?
Por lo tanto, en el plazo de un año, contado a partir de la proclamación de los resultados definitivos de la presente consulta popular, la Asamblea Nacional reformará la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código de la Democracia y las demás leyes que sean pertinentes, a fin de adecuarlos al pronunciamiento mayoritario del pueblo ecuatoriano.
En este plazo, los servidores públicos que tengan capitales y bienes, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales deberán atacar el mandato popular y su incumplimiento será causal de destitución
A decir de Diego Vintimilla, militante de AP, una de las inquietudes más recurrentes de la gente fue el margen de acción de la consulta y cuáles son los impedimentos. “Cuando la gente conoce que es un grupo minúsculo de personas las que poseen sus patrimonios en paraísos fiscales pues se va la preocupación y apoyan el sí”, precisó.
Además, agregó que existían dudas sobre lo que es un paraíso fiscal y por qué se deben combatir. “En esas conversaciones la gente ha entendido la necesidad ética y moral de prohibir que los candidatos o funcionario públicos tengan su dinero en paraísos fiscales”.
Con ese criterio coincide Javier Orti, del movimiento Avanza. Según él, la consulta popular que se planteó “no debe tener nombre y apellido y no debe ser ni a favor ni en contra de ninguno de los candidatos a la Presidencia de la República, sino que se trata de un tema ético”.
Para Edgar Allan García, analista político, pese a los esfuerzos de las organizaciones políticas, esta no ha sido una “campaña sostenida”, sino que “recién en las últimas semanas ha habido una concientización en torno a los perjuicios causados por los capitales que fugan a los paraísos fiscales”.
“Pudo hacerse una campaña al mismo tiempo y con la misma intensidad, pero efectivamente la intensidad de la campaña por las candidaturas opacó en buena medida la campaña a favor del sí para la consulta (…) sería terrible que esa propuesta que está destinada a combatir la corrupción en el sector público perdiera por una insuficiente concientización de la ciudadanía”, dijo García a Andes.
Al respecto, Vintimilla plantea que la consulta es solo un paso para la construcción de un Pacto Ético que permita que en Ecuador la política se maneje de forma transparente. “A nosotros como candidatos nos ha causado un poco de dificultad diferenciar la campaña electoral de la campaña de consulta popular, sin embargo, es pertinente decir que unificar los dos temas es una administración eficiente de los recursos”, explicó.
Sobre las organizaciones políticas que se oponen a la consulta popular, Bonilla precisó que son pequeños grupos que se denominan de izquierda, pero que muestran que están alineados completamente con la extrema derecha del país.
