La Corte Constitucional aceptó la acción extraordinaria de protección presentada por la Procuraduría General del Estado y otras cinco instituciones, asegurando que, en los fallos emitidos por la Unidad Judicial Norte 2 de Guayaquil y por la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas, se dieron vulneraciones a la seguridad jurídica.
Con el dictamen de la Corte Constitucional, los bienes de los Isaías permanecerán en manos del Estado, mientras que el expediente será remitido a la Fiscalía para iniciar una investigación por presunto prevaricato, cometido por los jueces de la Unidad Judicial del Puerto Principal.
Como “histórica” y “contundente”, así calificó Óscar Ayerve, representante de la Junta de Acreedores de Filanbanco, a la resolución de la Corte Constitucional. Precisó que este dictamen sienta un precedente y planta un “llamado de atención” a todo el sistema de administración de justicia.
Ayerve recordó que el banco adeudaba un monto de USD 1.400 millones a 750 mil acreedores, de los cuales 29 mil no recuperaron “un solo centavo” debido a que para el momento del quiebre de la entidad financiera los clientes superaban los 70 años de edad, y fallecieron luego de 20 años de “lucha incansable”.
Un recuento de la quiebra
En 1998, los hermanos Isaías cedieron la administración de Filanbanco a manos del Estado, al señalar un problema de liquidez de la entidad financiera. Esto, luego del préstamo del Banco Central de hasta USD 424 millones a la firma, que proclamó su cierre definitivo en 2001.
Siete años más tarde, el gerente general de la AGD, Carlos Bravo, ordenó la incautación de los bienes de los hermanos Isaías y Filanbanco. En 2018, su defensa planteó un recurso para ordenar la devolución de dicho patrimonio, mismo que fue aceptado por tres jueces del Guayas en dos instancias.
Se trata de los magistrados Adolfo Richard Gaibor, Carlos Alberto González, quienes integraron la Sala de lo Penal de Guayas y Johnny Lituma. Este último, según Ayerve, se arrogó una acción de protección no antes solicitada y, de manera inconstitucional, ordenar la devolución de bienes a los Isaías.
“Es un llamado de atención para que jueces y fiscales sepan que caso como el 30S o Filanbanco no quedarán en el olvido para siempre”, sostuvo.
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