El contralor Celi afirmó: “No conozco esos documentos, no conozco ni su contenido, ni su forma, ni su procedencia; yo no me puedo pronunciar sobre cosas que desconozco”. Agregó que esos papeles “no constan en ningún nivel de archivo, documentación de la Contraloría General del Estado (CGE)”.
La tarde del lunes 26 de febrero del 2018, Serrano acudió a la Fiscalía para entregar un informe que él calificó como original de la Contraloría, que dataría de noviembre del 2016, cuando Carlos Pólit era contralor. Esa noche, entrevistado por CNN, Pólit aseguró que tiene copias de ese informe pero que no salió de la Contraloría -en su período- y que él no lo ha entregado a Serrano.
La mañana de ese lunes, el fiscal Baca Mancheno, quien presidió la Comisión del 30-S (la cual habría recibido fondos reservados de los gastos especiales, según ese supuesto informe), había revelado la grabación de una conversación telefónica entre Serrano y Pólit, cuando este último ya era prófugo de la Justicia. En el audio se escucha a Pólit ofrecer la entrega de un documento a Serrano, luego de que este dijera que a Baca hay que ‘bajarlo’ de la Fiscalía, porque -según él- no cumple los ‘acuerdos’ y es ‘un peligro’.
En ese marco, Celi informó que este miércoles 28 de febrero de 2018 solicitó a la fiscal subrogante, Thania Moreno, quien abrió una indagación contra Baca por su gestión en la Comisión del 30-S, le informe acerca de los supuestos documentos de la Contraloría “que han sido entregados, particularmente, si estos constituyen original, copias; si son copias certificadas”. “Para poder constatar y considerar todos estos hechos dentro del examen especial que, en este momento, me encuentro realizando a los procedimientos y procesos con los cuales se juzgó los gastos especiales por parte de la Contraloría en los últimos años”, advirtió Celi.
Según Celi, los hechos alrededor de este informe “podrían dar lugar a delitos contra el Estado”. Por lo que -dijo- solo se pronunciará en condición de juez de cuentas del Estado, “con apego a la Ley de Seguridad Pública y al Reglamento para el control de fondos públicos permanentes de gastos especiales”.
“De existir situaciones de orden ilegal o que puedan configurar delitos contra el Estado, estos deben ser adecuadamente judicializados, para su esclarecimiento y el establecimiento de las responsabilidades sobre los mismos, en los niveles sobre los que esa responsabilidad esté”, dijo Celi.
Como juez de cuentas del Estado, dijo el Contralor, está obligado a clarificar estos hechos “en derecho, con recto procedimiento administrativo”. Por lo que su pronunciamiento definitivo estará en el examen especial, “para el cual estoy requiriendo adicionalmente, por parte de la Fiscal, apoyo con la documentación que me permita conocer estos hechos de forma legal y precisa”.
Celi señaló que, como titular de la CGE, actuará “para impedir de manera absoluta que se pretenda utilizar a la Contraloría, bajo ninguna forma, ni bajo documentos reales y mucho menos documentos supuestos, para generar situaciones de incertidumbre, tensión y escándalos políticos”.
Y, sobre si tomará medidas legales contra los involucrados en el caso, el Contralor dijo: “Voy a tomar todas las acciones en el marco legal para precautelar la seguridad jurídica de la institución”.
Fuente: El Comercio
