Asimismo se critica el rol que ha desempeñado el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) -institución del Banco Mundial, con sede en Washington-, favoreciendo a los intereses de los inversionistas.
Así lo describió Javier Echaide, uno de los nueve comisionados de la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones (Caitisa), que analizaron los 27 TBI vigentes en Ecuador y su impacto en materia económica y social. Más de 50 demandas al año recibe el Ciadi.
El 64% de las diferencias entre inversionistas y Estados son decididas por tribunales constituidos dentro del organismo. De esas, el 45% dan lugar parcial o totalmente a las pretensiones de las empresas transnacionales, según información oficial del Centro. A inicios de 2016 Ecuador ocupaba el octavo lugar entre los 25 países más demandados.
Ahora se ubica en décimo puesto. “Este sistema, fuertemente criticado, está siendo expuesto a la luz de los controles de la ciudadanía. Por eso se sienten tocados en los centros de poder”, manifestó Echaide, asegurando que los inversionistas se refugian aquí para evadir las legislaciones de cada país. Los instrumentos suscritos por Ecuador afectan la soberanía nacional, de acuerdo al artículo 422 de la Constitución. Pero, además, contravienen los 12 objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. “Las cláusulas que los TBI imponen causan la imposibilidad de que un Estado como Ecuador pueda desarrollarse y aprovechar mejor sus recursos”, puntualizó.
