La base de la querella es la confesión de directivos de la empresa, quienes revelaron la entrega a istmeños de comisiones ilegales por un monto de 59 millones, pero sus identidades no se divulgaron oficialmente hasta el momento.
En la sesión del Consejo de Gabinete programada para este martes, analizarán los pormenores legales de la demanda, la cual permitiría recuperar el dinero sustraído al erario público.
Fiscales suizos acusaron formalmente por soborno a los hermanos Ricardo y Luis Enrique Martinelli, hijos del anterior mandatario Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014), y congelaron 22 millones de dólares en cuentas bancarias.
Esta acción ocurrió el pasado año, según carta del 24 de febrero de 2015 enviada por la autoridades helvéticas al Ministerio Público (MP) panameño, según el diario local La Prensa, que citó textualmente la invitación a que el dinero incautado fuese reclamado por Panamá mediante asistencia judicial.
El MP confirmó al rotativo la incautación, pero mantuvo silencio sobre el reclamo del dinero, el cual los juristas suizos sospechan que son parte de pagos de sobornos del grupo brasilero.
Hasta el momento, las medidas contra la firma se limitaron a descalificarla y solicitarle que renuncie a las licitaciones del cuarto puente sobre el Canal de Panamá, tercera línea del Metro y devuelva la concesión de una hidroeléctrica.
Pero Varela reiteró el pasado domingo la necesidad de proteger la economía nacional, por lo que la constructora deberá terminar las obras en ejecución.
La posición oficial sobre el tema se produjo tras el acuerdo de la transnacional con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde admitió su culpabilidad en la creación de un esquema de corrupción, y reconoció pagos a servidores públicos panameños.
Odebrecht es el mayor contratista de las nuevas infraestructuras públicas panameñas, pues entre 2006 y 2016 se adjudicó contratos por valor de nueve mil millones de dólares, muchos de ellos en ejecución, como la segunda línea del metro capitalino y la ampliación del principal aeropuerto del Istmo.
A pesar de alertas de partidos políticos y la sociedad civil desde el inicio del escándalo del emporio transnacional, posterior a ello Odebrecht ganó licitaciones para el tren urbano y la renovación de la norteña ciudad de Colón.
Por otra parte, el próximo miércoles se realizará una protesta pacífica por varios sectores de la sociedad.
