“Nosotros venimos el día de hoy para manifestar nuestro rechazo al indulto que se ha concedido a Alberto Fujimori, un indulto que significa un insulto a la memoria y la dignidad de nuestros hermanos, padres e hijos”, dijo en el tribunal Carmen Amaro.
Amaro es hermana de Armando Richard Amaro, un joven desaparecido durante la matanza de la universidad de La Cantuta el 18 de julio de 1992, en la que murieron nueve estudiantes y un profesor y que fue atribuida a las fuerzas de seguridad de Perú durante el gobierno de Fujimori (1990-2000).
“Persistimos y lucharemos hasta que el principal responsable de la muerte de nuestros familiares retorne a prisión, a cumplir su sentencia de 25 años. No como un acto de venganza, sino como un acto de justicia”, agregó Amaro en la audiencia para evaluar el indulto a Fujimori en la CorteIDH, órgano dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y con sede en Costa Rica. El expresidente fue indultado el 24 de diciembre del 2017 por el mandatario Pedro Pablo Kuczynski, que alegó razones de salud.
El caso despertó sospechas de componenda política porque días antes, Kuczynski fue absuelto en el Congreso -gracias al voto de un grupo de fujimoristas- de un pedido de destitución por supuestos lazos con la constructora brasileña Odebrecht, en el marco del megaescándalo de corrupción de esta empresa brasileña.
‘Tradición’ de indultos
El representante del Estado peruano en la audiencia, Jorge Villegas, replicó que ese país suramericano “tiene una tradición de otorgamiento de indultos en casos humanitarios, muchos de ellos a condenados por terrorismo”. Agregó que “el Estado reafirma su derecho de otorgar indulto humanitario aun en caso de graves violaciones de los derechos humanos”.
El abogado Adrián Simons, también representante del Estado, refutó a los activistas por haber recurrido a la Corte Interamericana sin haber agotado las instancias judiciales internas de Perú. También defendió el informe médico usado para sustentar el indulto a Fujimori por problemas de salud, varios de ellos cardiovasculares.
Al respecto, la abogada Viviana Kristicevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), destacó que existen casos en que la situación de salud de un detenido puede exigir una respuesta diferenciada del Estado.
Sin embargo, dijo, “en el caso de crímenes contra la humanidad, dichas medidas no requieren el perdón de la pena, que es el efecto del indulto en Perú ” .
En el mismo sentido, la activista Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos, sostuvo que el indulto contraría la Convención Americana de Derechos Humanos y fue resultado de una negociación política para impedir la destitución de Kuczynski.
“Queremos denunciar que la resolución suprema emitida el 24 de diciembre último, con la cual se concedió indulto y derecho de gracia a Alberto Fujimori, fue resultado de un pacto político que consistió en la liberación indebida de una persona condenada por graves delitos a cambio de impedir la vacancia en el puesto de la presidencia ” de Kuczynski, dijo.
El ministro peruano de justicia y Derechos Humanos, Enrique Mendoza, refutó esa versión al señalar en un comunicado que “ es totalmente incorrecto decir que el indulto humanitario fue motivado por consideraciones políticas de parte del presidente Kuczynski”.
Fujimori enfrentaba una sentencia de 25 años de prisión por las matanzas de La Cantuta y también por la de Barrios Altos. La segunda ocurrió el 3 de noviembre de 1991 en una zona popular de Lima, cuando las fuerzas de seguridad mataron a 15 personas, incluyendo un niño de ocho años, por creer que eran guerrilleros.
El juez mexicano Eduardo Ferrer, presidente de CorteIDH, indicó al cierre de la sesión que los argumentos expuestos serían analizados por el tribunal antes de emitir una decisión en una fecha próxima.
Fuente: El Comercio
