Durante una marcha pacífica que salió de un bulevar que cruza frente a la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en las inmediaciones de la Casa Presidencial, en Tegucigalpa, los manifestantes expresaron su rechazo a la reelección de Hernández el 26 de noviembre de 2017.
Los manifestantes, convocados por el movimiento Convergencia Contra el Continuismo, que aglutina a más de una docena de organizaciones, exigieron «la recuperación del Estado de derecho y la renuncia inmediata del dictador Juan Orlando Hernández, impuesto en el poder mediante fraude electoral en las elecciones del 26 de noviembre del 2017», según un comunicado.
Asimismo, pidieron la instalación «inmediata de una Asamblea Nacional Constituyente, Incluyente, Popular y Participativa», y que sean puestos en libertad «22 presos políticos».
La Alianza de Oposición contra la Dictadura, cuyo candidato presidencial en los comicios de noviembre pasado fue Salvador Nasralla, no reconoce a Hernández como presidente reelegido y ha venido exigiendo que el gobernante salga del poder.
Portando banderas con el azul y blanco del país, y en rojo y negro del partido Libertad y Refundación (Libre), cuyo coordinador general es el depuesto expresidente Manuel Zelaya, los manifestantes exigieron el cese a la «criminalización» de los defensores de derechos humanos y que se «aplique una protección efectiva para su vida e integridad».
María Elena Méndez, de la Convergencia Contra el Continuismo, dijo a Efe que la movilización se convocó contra «la dictadura militar, patriarcal y racista».
«Estamos en pie de articularnos en contra de este modelo neoliberal» que ha provocado «el despojo violento de nuestros bienes naturales, la privatización de los servicios públicos», subrayó Méndez.
Además, se manifestaron contra «la impunidad y la corrupción» en Honduras, dos flagelos que no son nuevos en el país centroamericano, añadió.
Los manifestantes también exigen justicia para las «34 (personas) asesinadas» durante la crisis derivada del presunto fraude electoral, cuyas muertes, según los manifestantes, fueron perpetradas por la Policía Militar del Orden Público.
Además que se esclarezca «la desaparición forzada» del hondureño Manuel de Jesús Salvador el 3 de diciembre de 2017, durante el toque de queda impuesto en el marco del estado de excepción que se declaró el primer día de ese mes.
También la «reparación de la deuda histórica para los mártires durante el golpe de Estado de 2009» contra Manuel Zelaya, y justicia para los «detenidos (y) desaparecidos de la década de los (años) 80 durante la implementación de la doctrina de Seguridad Nacional que dejó 184 víctimas documentadas por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh)».
Asimismo, justicia para la ambientalista Berta Cáceres y la defensora de Derechos Humanos Margarita Murillo, asesinadas en 2016 y 2014, respectivamente, pese a que tenían medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los manifestantes también pidieron declarar «libre» el territorio hondureño de «concesiones mineras, hidroeléctricas, eólicas, fotovoltaicas, geotérmicas y ciudades modelos».
Además, consideran que es «urgente la desmilitarización» de la seguridad pública, ya que ello «provoca apología del odio, violencia y fomenta la guerra».
Fuente: EFE
