Esta propuesta la hicieron los cuatro legisladores, quienes cuando se construyó el Código Penal ya hicieron observaciones sobre las dificultades que existían para juzgar la violencia psicológica, pues no deja huellas visibles, lo que en la práctica hace casi imposible llegar a establecer responsabilidades. Eso se demuestra con cifras, pues a pesar de existir 20 mil causas ingresadas a nivel nacional en 2015, solo se registran 10 sentencias, pues los casos se desestiman porque no existen pruebas. “Significa un flagelo universal, con muchas recomendaciones y puntos de vista, que reprochan a los estados por no tener suficientes mecanismos para juzgar la violencia contra las mujeres”, dijo Alvarado.
Sin tipificación
A la comisión también llegó Soraya Quintero, de la Unidad de Violencia contra la Mujer de Cuenca, quien explicó que al no existir la posibilidad de aplicar un proceso penal, las víctimas ponen en riesgo sus vidas y esfuerzos. “La víctima debe demostrar la agresión y en lo que respecta a lo psicológico es impune, porque no existe tipificación legal y la Fiscalía al no tener sustento debe desestimar la causa y al no existir posibilidad de sentencia, una mujer no puede aspirar a una reparación”, aclaró Quintero.
En la propuesta se quiere lograr que las agresiones físicas que no causen lesiones sean punibles a nivel contravencional (se traten como contravenciones), así como la violencia patrimonial y verbal. En este sentido el procesado puede ser sujeto activo en la defensa, y conocer con certeza el resultado del proceso penal. Además, con la reforma, cuando existe flagrancia se podría obtener sentencia en 24 horas.
Otro de los puntos relevantes de esta reforma es que quienes están en las unidades de la mujer y la familia pueden convertirse en un filtro y activar el aparato de protección estatal. Es decir, serían ellos quienes den la primera atención y luego, según el caso, los remitirían a la Fiscalía.
“Existen nudos críticos de origen normativo, que vienen por las conductas no tipificadas. El sistema patriarcal en el que las mujeres vivimos, hace que las víctimas de violencia estén en desventaja y el acceso a la justicia se vea limitado”, dijo Quintana.
Los asambleístas proponentes del proyecto pidieron a la Comisión que se hagan las observaciones necesarias para que se recoja la propuesta, para seguir con el proceso hasta que se debata en el Pleno.
