Prisión preventiva, prohibición de enajenar bienes y retención de cuentas fueron las medidas impuestas para tres procesados por la Fiscalía General del Estado (FGE), por el delito de delincuencia organizada, tercer proceso abierto dentro de la investigación a la presunta red de corrupción en Petroecuador.

El Ciudadano

Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado, estuvo presente en la audiencia de formulación de cargos contra Marco C., Diego T. y Eduardo V.

Ante el juez de Garantías Penales de Pichincha, Gonzalo Núñez, la diligencia se desarrolló de forma reservada entre las 21:40 y 23:15 del viernes 11 de noviembre del 2016, en la Unidad de Flagrancia, en Quito.

Para formular cargos “la Fiscalía presentó los elementos de convicción encontrados en los allanamientos. Se argumentó (ante el juez) que se perseguiría un delito de delincuencia organizada”, dijo el Fiscal General al término de la audiencia.

En este contexto, también calificó como ‘sorpresa’  al anuncio de reserva, decisión tomada por el juez de garantías penales para “preservar la integridad de las personas que están en el proceso”, por lo que el Fiscal General no precisó más detalles de la diligencia.

Este nuevo proceso por delincuencia organizada, abierto en el caso ‘Petroecuador’, tendrá 90 días para su instrucción fiscal, es decir, para recabar más elementos de convicción que alimenten la investigación penal.

La detención de los tres -ahora- procesados

Entre la noche del jueves 11 y la madrugada del viernes, fueron detenidos los tres procesados en el desarrollo simultáneo de cuatro allanamientos en Quito y Esmeraldas, realizados por la Dirección de Investigaciones de la FGE con el apoyo de la Policía Nacional.

En Quito se allanaron dos viviendas y una papelería, en Esmeraldas un domicilio. En la capital ecuatoriana, la Fiscalía ordenó la incautación de más de 300.000 dólares en efectivo, también euros, encontrados en forma de paquetes dentro de fundas de papel, cajones, bodegas, hasta en el techo falso de las casas.

Además se encontraron documentos como certificados de inversiones en bancos extranjeros, comprobantes de transferencias, entre otros. También se  confiscaron  dos cajas fuertes, dos tabletas, dos discos duros, siete memorias de almacenamiento y tres celulares.

En Quito se detuvo a Marco C., exgerente de la estatal; a Diego T., exsubgerente de la Refinería Esmeraldas; y, en Esmeraldas a Eduardo V. Los tres ahora están procesados.

Marco C., cuando ejerció el cargo de Gerente de la estatal petrolera, fue jefe de Carlos P. Y. (procesado por cohecho en el caso ‘Petroecuador’, prófugo), quien se desempeñaba como Gerente de Refinación.

Dos casos más en la investigación ‘Petroecuador’

 

Por enriquecimiento ilícito

La Fiscalía ya el 11 de mayo pasado inició una investigación previa sobre los presuntos actos de corrupción en relación con la Refinería Esmeraldas. Cinco días después se detuvo a Alex B., quien fue procesado por presunto tráfico de influencias, ante la denuncia de Pedro Merizalde, gerente de Petroecuador.

Pero el 10 de agosto, con base en un informe de indicios de responsabilidad penal enviado por la Contraloría General del Estado, se reformularon los cargos contra Álex B. por enriquecimiento ilícito, un delito más grave y que la pena pudiera ser de entre 7 y 10 años de privación de libertad.

Para el jueves 10 de noviembre estuvo convocada la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Sin embargo la jueza decidió cambiarla para el 31 de enero del 2017, por lo que la Fiscalía ya solicitó que la diligencia se señale para los próximos días.

Por cohecho

Son 18 las personas que se encuentran investigadas por cohecho. El proceso penal se abrió el 17 de agosto del 2016, con la formulación de cargos contra Javier B. Ese día quedó con prisión preventiva.

La Fiscalía actuó de inmediato, una vez que se conoció el  reporte que había solicitado a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). En este se informó que Álex B. (exgerente de Petroecuador) habría constituido la empresa Girbra, la cual habría recibido transferencias de Humberto G. y de tres empresas contratistas con Petroecuador.

Sin embargo, este caso se fortaleció con la asistencia penal internacional de Panamá, ya requerida por la Fiscalía ecuatoriana el 24 de mayo del 2016 y recibida cuatro meses después. Se pidió una investigación sobre los accionistas, representantes legales y administradores de Girbra, Capaya, Johanna Investment, Arkdale y otras. Además de los estados bancarios y transferencias.

La respuesta reveló información que permitió, el 21 de octubre, vincular a otras 17 personas. Entre estas constan Carlos P. (exgerente general de Petroecuador), Álex B. (también procesado por enriquecimiento ilícito), Arturo E. (asesor de Álex B.) y contratistas que realizaron transferencias. Para nueve se dictó la prisión preventiva.