Unas 204 solicitudes de amnistía están aún a la espera de que la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional conozca del pedido formulado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
El pasado 21 de septiembre, la Conaie presentó a la presidenta de la legislatura, Guadalupe Llori (Pachakutik), un listado con los casos de líderes indígenas y campesinos que están siendo procesados por temas de defensa de la naturaleza, protestas violentas de octubre de 2019, defensa de territorios comunitarios y justicia indígena.
Han transcurrido seis semanas y la Comisión de Garantías Constitucionales, presidida por José Cabascango (Pachakutik), aún no conoce de los casos, tampoco define un cronograma de trabajo para la elaboración del informe que debe incluir el análisis de caso por caso, según los expedientes presentados por los dirigentes de la Conaie.
Según la normativa que rige a la Asamblea Nacional, el pleno podrá expedir una resolución declarando amnistía por delitos políticos o conexos con los políticos. Esos delitos políticos son los cometidos o presuntamente cometidos por una o varias personas contra la organización y funcionamiento del Estado, motivados en fines de reivindicación social colectiva en un contexto político-social de agitación interna o conflictividad social. Para otorgar amnistía se necesita al menos 91 votos.
El asambleísta Cabascango asegura que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) remitió algunos oficios con las solicitudes de amnistía, pero que aún no conoce la mesa debido a que dentro de la planificación está la elaboración del informe para primer debate de la Ley de la Juventud y luego el proyecto de reformas de apoyo humanitario.
El encargo del pleno de la Asamblea de abrir una investigación sobre los papeles de Pandora, donde supuestamente involucraría al presidente de la República, Guillermo Lasso, con empresas y capitales en paraísos fiscales en el exterior, retrasó el trabajo respecto a los pedidos de amnistía, afirmó Cabascango.
Eso fue corroborado por el legislador Mario Ruiz (Pachakutik), quien dijo que las amnistías están presentadas en la comisión, que el equipo técnico analiza cada caso para verificar que se cumplan con los requisitos, pero que lamentablemente por el caso Pandora Papers se paralizó el tema.
Los peticionarios son dirigentes sindicales, ecologistas y dirigentes de los trabajadores que en su momento fueron procesados por oponerse al extrativismo minero o por oponerse a cualquier otra política pública, aseguró Ruiz, quien dijo que en la lista de los solicitantes de amnistías no constan personas peligrosas o delincuentes, sino perseguidos políticos por sus convicciones en favor de la naturaleza, trabajadores y campesinos.
Según la información que reposa en la Asamblea Nacional existen 135 casos de amnistías por temas relacionados a la defensa de la naturaleza; 46 por protestas violentas de octubre de 2019 y quema de la Contraloría General del Estado; 14 casos por defensa de territorio; 6 por defensa de agua; 2 por temas de justicia indígena; y 1 por problemas de tierras.
Cabascango dijo que el CAL realizó una calificación de las solicitudes tras un informe de la Unidad de Técnica Legislativa (UTL), donde no se presentó ninguna observación por lo que se conoce es que están calificadas y lo que se necesita es procesar esa información.
Édgar Quezada Patiño, miembro de la Comisión de Garantías y legislador de Pachakutik, señaló que al momento se pide la información de todos los solicitantes de amnistía, y luego del caso Pandora Papers, se abordarán los más de 200 pedidos.
Aclaró que en la mesa aún no empieza el debate, pero que la mayor parte de los solicitantes se relacionan con procesados y sentenciados por las protestas de octubre de 2019 y por casos de defensa de la naturaleza.
Informe de Pandora
El presidente de la Comisión de Garantías, José Cabascango, convocará el 5 de noviembre próximo para conocer y aprobar el informe sobre la investigación realizada respecto a la investigación periodística denominada Pandora Papers, que supuestamente involucraría al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza.
Pandora Papers es una filtración de archivos publicados el 3 de octubre pasado de manera simultánea en varios países del mundo, donde se incluyen nombres de políticos, personajes artísticos y empresarios como accionistas de empresas cuyos capitales y bienes están en paraísos fiscales. En la investigación se nombra al primer mandatario.
Esta investigación arrancó tras un pedido de realizado por parte del pleno de la Asamblea. Durante la indagación la comisión convocó al jefe de Estado y su familia, quienes se excusaron de asistir, aunque el presidente Guillermo Lasso invitó a la comisión a Carondelet, para que se recepte su versión, pero esto no fue aceptado por la mesa, cuyo presidente afirmó que no toma versiones a domicilio.
Cabascango expresó su preocupación porque los funcionarios públicos no aportaron con nada de información en esta investigación, que eso -dijo- dejarán constancia en el informe, así como la ausencia del mandatario, que constituye una obstaculización en este proceso, añadió.
Según el legislador de Pachakutik, el primer mandatario tenía toda la investigación y podría, en el marco de la defensa, brindar información y contrastar toda la documentación que tiene la comisión. A parte de las denuncias publicadas en la prensa, no quiso revelar qué otro tipo de información llegó y que está en proceso de verificación.
Paola Cabezas, delegada de la bancada Unión por la Esperanza ante esa comisión, aseguró que tienen información sobre este caso, que llegó información desde Panamá respecto a una empresa cuyos bienes y capitales están en paraísos fiscales y que estaría relacionada con el jefe de Estado.
Lo que esperaban del primer mandatario y sus familiares, dijo Cabezas, es contrastar la información que la mesa posee sobre el caso e incluso podrían entregar la información de manera reservada. (I)
Fuente: El Universo – Nota Original: LINK
