Enrique Suárez, en cambio, se quejó en Twitter: «A mi esposa no le dieron (el carné). Tiene 45% de sordera en el oído izquierdo y 75% en el oído derecho .., ¡Qué indignante!».
Testimonios como el de Daniel y Enrique se multiplicaron luego de que se conociera que Daniel Salcedo Bonilla, investigado por su presunta vinculación a una red de corrupción en hospitales del IESS y del MSP, registra el 41% de discapacidad auditiva.
En redes sociales, ciudadanos expresaron su indignación y se quejaron de supuestas irregularidades para la obtención de estos documentos, pues aducen que hay personas con discapacidad que deben pasar por trámites largos, que pueden durar hasta meses; y engorrosos, pues desde sacar una cita para dentro de varios meses, presentar documentos originales, con sellos o firmas, o realizarse nuevos exámenes. Y esto no asegura que se reciba la calificación esperada, muchos se quejan de que reciben un porcentaje menor a su discapacidad.
Salcedo obtuvo su carné, según documentos del Registro Civil, en febrero de 2018. Meses más tarde, en septiembre, César Rodríguez, quien viajó con él en la avioneta que se accidentó en Perú, fue calificado con el 36% de discapacidad física. Y este año, en enero pasado, Noe, hermano de Daniel Salcedo, también se acreditó con el 42% de discapacidad física. Los tres fueron carnetizados, según el Consejo para la Igualdad de Discapacidades, en dos centros de salud de Guayaquil.
Otro de los investigados en el caso de corrupción en los hospitales, Jorge Henriques, exjefe de compras públicas del hospital Teodoro Maldonado Carbo y exasambleísta alterno de Gabriela Pazmiño, también registra 41% de discapacidad.
Pero, ¿tienen estas discapacidades?. «Está en duda», contestó Xavier Torres, presidente del Consejo, y añadió: «Se tiene que saber cuáles fueron las condiciones de la discapacidad, quién los calificó, con qué documentos habilitantes le calificaron y le dieron el carné».
Esta competencia, de calificar y carnetizar, la tiene desde el 2013 el Ministerio de Salud Pública (MSP), entidad que no aceptó una entrevista con este Diario. Lissette Tapia, directora nacional de Discapacidades, respondió: «Cualquier requerimiento que sea direccionado al Sr. Ministro».
Senae se basa en registros del MSP
El Servicio Nacional de Aduanas afirmó que «no es un ente regulador del proceso». Se encarga, aseguró, de verificar en línea, en la base del MSP, que el carné haya sido emitido por las autoridades y que en la factura comercial original conste que el precio del vehículo no supere 60 remuneraciones básicas unificadas ($24.000).
En los últimos tres años, señaló el Senae, 113 importaciones de personas con discapacidad han sido rechazadas “por discrepancia en el valor” .
Se puede importar un vehículo por una vez cada cinco años; y debe usarlo el beneficiario directo o sus familiares en caso de no poder conducir.
La reducción de impuestos se aplica de acuerdo al porcentaje de discapacidad: un 60% de rebaja si la persona registra entre el 30% y 49% de discapacidad; el 70%, si va del 50% al 74%; el 80%, si tiene de 75% al 84%; y del 100%, si supera el 85%.
El 91% de los autos, detalló el Senae, son nuevos e importados a través de concesionarias. El 9% restante corresponde a vehículos usados, que deben cumplir los requisitos anteriores (carné y el valor inferior a $24000) y no puede tener más de tres años de fabricación.
El valor de estos vehículos se verifican, aseguró Senae, en cruces de información con aduanas del país de origen. La marca que más se importa es el Toyota, Rav4.
Senae señaló que reporta, trimestralmente, las importaciones a las entidades de tránsito, SRI y Policía para que se vigile la prohibición de venta por 5 años de los vehículos.
El mal uso de los descuentos aduaneros es, según el monto de los tributos, una contravención o delito. Si es un contravención por el monto, como en el caso del intento de importación de Daniel Salcedo, se sanciona con la prohibición de importación, orden de reembarque y una multa por el triple del valor del vehículo.
Nota Original: El Universo – LINK
