La diligencia para vincular al empresario Jorge Chérrez Miño, a los exdirectores de Riesgos y Económico-Financiero del Isspol Robert Luzuriaga y Orlando Nuques, y a los altos directivos de empresas inversoras Carlos Carbo Cox, Luis Álvarez Villamar y Luis Domínguez Viteri estaba definida para realizarse la mañana de este viernes 6 de octubre, pero la recusación contra la jueza del caso no lo permitió.
La recusación de la jueza Proaño llegó desde el lado de la Policía Nacional y el propio Isspol. El coronel Renato González, director general del Isspol, recordó que la Comandancia General de la Policía Nacional el 6 de julio pasado presentó una queja en contra de la jueza y el 27 de julio siguiente el Isspol presentó una recusación a la misma funcionaria judicial.
Según González, la recusación se dio debido a que la Fiscalía en el día 78 de la instrucción fiscal solicitó día y fecha para la audiencia de vinculación de las seis personas y esto debió haber sido resuelto en los cinco días posteriores, pero Proaño los citó veinte días después. Para el oficial, esto abre la puerta a que puedan presentarse y pedirse desde los procesados nulidades a futuro.
También recordó que Yadira Proaño en una revisión de medidas cautelares para uno de los procesados, ella sobrepasó lo que incluso pedía la misma defensa del acusado. “Estos dos argumentos centrales son los que nos hacen desconfiar de la señora jueza (Yadira Proaño) en su obligación de impartir justicia.
Una vez que la jueza dio a conocer de la recusación, ella se apartará de la causa mientras se resuelva la demanda. Si se encuentra fundamento en el pedido que hacen los representantes del Isspol, la jueza Proaño dejará el caso y deberá existir un nuevo sorteo para nombrar al juez penal de Pichincha que asumirá la causa.
La vinculación se iba a dar a 74 días de que fenecieron los 90 días de instrucción fiscal dentro del caso que investiga a cuatro personas. El 24 de febrero pasado, la Fiscalía formuló cargos contra los generales (sp) Enrique Espinosa de los Monteros y David Proaño, exgerentes del Isspol; y Alfredo Valverde y Santiago Duarte, exdirectores de Inversiones y Jurídico del Isspol, respectivamente.
De la acusación de la Fiscalía se desprende que entre el 2014 y el 2019 se realizaron inversiones irregulares con fondos del Isspol sin cumplir con los principios de seguridad, rentabilidad y liquidez. Registros revelarían que el Isspol invirtió, a través de empresas representadas por Jorge Chérrez Miño, aproximadamente $ 693 millones.
Al igual que en las dos anteriores veces que se convocó para una audiencia de vinculación en el caso Isspol, en los exteriores del Complejo Judicial Norte jubilados y pensionistas del Isspol realizaron un plantón para exigir justicia y celeridad a la jueza que lleva el caso. Mostraron su malestar ante el nuevo diferimiento, pero aseguraron que en la próxima fecha que se convoque ellos seguirán protestando en los exteriores de esa sede judicial.
“Nosotros estamos claros en que este es un camino largo y tortuoso que tenemos que enfrentar. Nosotros sabemos de los alcances de quienes nos atracaron, de cómo se manejan estos intereses políticos, económicos y criminales. Hay que decir las cosas como son, pero nosotros tampoco vamos a estar expuestos a decisiones de esta magnitud que terminan haciendo es afectar a nuestros propios intereses. No se termina de comprender en el sistema judicial que hablamos de un atraco de $ 900 millones, es decir, el riesgo de fuga es muy alto”, apuntó el director general del Isspol.
Nota Original: El Universo – LINK
