Fiscalía inició este proceso penal el 8 de enero del 2016 a partir de un informe con indicios de responsabilidad penal remitido por la Contraloría General del Estado. Este se refiere a una presunta contratación irregular para la construcción de un puente sobre el río Bomboiza, en el cantón Gualaquiza.
Durante la audiencia preparatoria de juicio y sustentación de dictamen, entre los elementos de convicción que presentó el fiscal provincial de Morona Santiago, Marcos Flores, está un informe sobre que no se habría acatado los requerimientos solicitados por Contraloría como un informe previo.
Además que se habría firmado convenios de pago por la conclusión de la obra y contratación de fiscalizadores externos. Sin embargo, esto no está permitido por la Ley Orgánica de Servicio Nacional de Contratación Pública y su reglamento.
Entre los llamados a juicio están Marcelo Ch., cuatro empleados de la Prefectura y un contratista.
El juez Milton Ávila, presidente de la Sala de la Corte de Justicia de Morona Santiago, también decidió mantener las medidas cautelares de presentación periódica ante autoridad competente y la prohibición de enajenación de sus bienes.
