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En una rueda de prensa, el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, aclaró que el Directorio de la empresa Toapi fue el encargado de realizar los estudios técnicos y de buscar el financiamiento para la hidroeléctrica Toachi-Pilatón. Dijo que el Directorio adjudicó la obra a Odebrecht, pero que la decisión fue del Gobierno, a través de Alecksey Mosquera.

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“Las reuniones que se realizaron con el exministro tuvieron que ver, exclusivamente, con el tema de financiamiento”, señaló. Además, explicó que Hidrotoapi fue constituida en la administración anterior. “El proceso que  inicial y con el cual Odebrecht presentó su propuesta fue recibida en directorio de la administración anterior; cuando asumimos la Prefectura, hicimos seguimiento del proceso que se venía tramitando”.

Baroja mencionó la contratación de Montgomery Watson Harza para que “haga el análisis del estudio técnico de los diseños de la propuesta entregada por Odebrecht”.

Tras la aprobación del financiamiento, en 2007, comentó que se le entregó un anticipo del 30% del contrato a la compañía y, después, se presentó el problema con San Francisco. “En el Directorio, aún antes de la expulsión de Odebrecht, tomamos la decisión de la terminación unilateral del contrato; sin embargo, la empresa estaba cumpliendo con su contrato y no teníamos base legal para la terminación unilateral y entramos a una terminación por mutuo acuerdo, contratamos empresas peritas para que valoraran lo que había hecho Odebrecht a la fecha y poder exigirle la devolución de lo restante”.

“El Gobierno de la provincia de Pichincha se quedó con la maquinaria de Odebrecht, se valoró las obras de la fecha, se devolvieron USD98 millones de dólares en un cheque certificado. Sin embargo, había un monto donde nosotros le exigíamos el pago de intereses y ellos pedían que nosotros reconociéramos el pago de los estudios y el pago de la renovación de garantías”, explicó.

Agregó que acudieron a la Cámara de Comercio para que se haga la mediación del arbitraje respectivo, pero la Cámara sacó una resolución a favor de ODEBRECHT y se le tuvo que pagar los estudios y la renovación de las garantías.

Indicó, además, que como Presidente del Directorio, no conoció que el exministro cumplía también una función como consultor de la empresa brasileña y que deberá responder por aquello. Remarcó además, que “lo mejor para el país, por sanidad pública, es que se publique la lista de ODEBRECHT”.

El Prefecto fue enfático en manifestar que ya presentó su declaración ante la Fiscalía General del Estado y aseguró que no es sujeto procesal. “La Fiscalía nos llamó, fuimos a la fecha que correspondía, no somos sujetos procesales ni el señor gerente Byron Granda, ni el presidente del directorio, fuimos llamados por una ocasión”.

Fuente: Ecuadorinmediato