Alicia Cahuiya, miembro de la nacionalidad Waorani, durante la audiencia se refirió sobre el riesgo que corre la vida de estos pueblos en Ecuador.
De su lado, Nathalia Bonilla, de Acción Ecológica, comentó que es necesario desarrollar mecanismos efectivos para prevenir contactos con los pueblos, garantizando la vida, salud y su continuación socio-cultural; tipificar como genocidio el contacto deliberado con personas en aislamiento; prohibir las activides extractivas en territorios aislados; sancionar actividades ilegales y erradicar presencia de terceros.
Bonilla también recomendó a la CIDH lo siguiente: exigir a los gobiernos el cumplimiento de las medidas cautelares, impulsar campañas internacionales a favor de estos pueblos, reforzar la coordinación con todos los organismos internacionales, entre otras.
En ese contexto, señaló que a nivel regional se ha encontrado que los territorios no están reconocidos en sí mismo, sino que, en algunos casos, como área de conservación y no como en aislamiento voluntario. «No existe una garantía de que estos territorios sean a perpetuidad de estos pueblos, sino que estarían condicionados de sus territorios a que entren a contacto o no», dijo.
Por el lado de Paraguay, su representante indicó que el reclamo empezó desde 1993. Contó que por parte del Ministerio Público se impulsó las medidas cautelares con el fin de proteger el territorio de desplazamiento. Añadió que dichas medidas otorgadas ya fueron levantadas.
En cuanto a Brasil, su abanderado señaló que «los territorios (…) mientras se concluye un proceso de saneamiento ilegal, ese territorio es un pasivo preocupante, muchos casos de violaciones están sucediendo sin que nosotros tengamos informaciones precisas sobre esos pueblos».
Las autoridades agradecieron la presencia de los representantes y expresaron el compromiso de la comisión ante los temas. Además, agregaron que con apoyo y constante información, se puede alcanzar los fines, es decir, trabajar por una causa común.
