“Esa es parte de nuestra propuesta, lo que queremos proponer en el siguiente periodo legislativo, del que aspiramos ser parte (…) trabajar en una ley específica contra la corrupción”, dijo Rivadeneira en un encuentro con periodistas.
Aunque sostuvo que en la actualidad existen varias leyes que pueden sancionar delitos de corrupción (Código Integral Penal y Código Monetario y Financiero), el tema merece una especificidad porque no está relacionado solamente al sistema económico sino al ámbito social.
Aclaró que la propuesta de su iniciativa, que actualmente se encuentra en elaboración, no tiene necesariamente un interés electoral sino que se enmarca en la necesidad de promover un cambio de matriz cultural.
Consultada por ANDES, explicó que está recogiendo varios insumos con la intención de establecer una legislación comparada, especialmente con la región, “para acoger muchas de las cosas que están funcionando en otros países”.
“Lo vamos a presentar en este periodo, pero la idea es lógicamente seguirlo tratando en el próximo periodo. Ventajosamente este no es un tema que cambia al mes, es un tema que tiene que ser recurrente y parte de la responsabilidad institucional, especialmente del Legislativo”, recalcó.
El 6 de octubre, el Gobierno de Ecuador reveló detalles sobre una presunta red de corrupción en la estatal PetroEcuador que involucraría a dos exgerentes. La investigación develó depósitos millonarios a favor del exministro de Hidrocarburos, Carlos P (identidad protegida), quien tendría cuentas en paraísos fiscales.
Paralelamente, la comisión de Justicia de la Asamblea Nacional investiga las posibles vinculaciones de funcionarios ecuatorianos en los denominados Panama Papers y, actualmente, la comisión de Fiscalización pide información a las autoridades de control (Fiscalía, Contraloría, Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Bancos y Compañías) sobre las acciones de prevención de hechos irregulares.
Rivadeneira destacó este aspecto y dijo que lejos de encubrir, el Gobierno mismo reveló el caso, lo denunció y, actualmente, impulsa un pedido de extradición a Estados Unidos donde se encontraría Carlos P. uno de los principales responsables.
“Ahí es donde nuestra impronta sigue intacta: no vamos a ser cómplices de ningún funcionario, de ningún acto de corrupción sino más bien estamos aquí para enfrentarlos, para denunciarlos, como creemos que debe ser la política, donde la lucha contra la corrupción debe ser permanente”, manifestó.
Fiscalización
La presidenta de la Asamblea Nacional refutó los cuestionamientos de la oposición sobre una supuesta falta de fiscalización del órgano legislativo. Dijo que, a diferencia de pasado donde el Congreso era la principal arma de chantaje de los diputados contra los ministros, la actual Asamblea lleva adelante un mecanismo de fiscalización serio de manera permanente.
En la actualidad, el proceso de fiscalización tiene tres fases: inicia con un pedido de información a la entidad pública competente. Si esa información no es satisfactoria, el parlamentario puede solicitar al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para que, a su vez, esta instancia conforme una comisión de investigación permanente del caso en el que se presume irregularidades.
Esta comisión hace la convocatoria a los funcionarios públicos que deben explicar sobre el procedimiento interno de la institución del Estado o por qué podría haber falencias o irregularidades.
Si la información de esta segunda etapa no es satisfactoria para los comisionados el proceso pasa a la siguiente fase: el inicio del juicio político en la comisión de Fiscalización.
Hasta la actualidad, se han realizado 5.087 solicitudes de información de los asambleístas a diferentes instituciones con una respuesta favorable del 88% (4.464 solicitudes contestadas).
Pese a que la oposición reclama por la fiscalización, paradojicamente, el mayor procentaje de solicitudes es de los legisladores de Alianza PAÍS.
