De los otros cinco diputados regionales sospechosos de los mismos delitos, cuatro quedaron en libertad bajo fianza de 25.000 euros, aunque tienen una semana para depositarlos -a diferencia de Forcadell, que debe abonarlos ya-, mientras que el quinto quedó en libertad sin medidas cautelares.
La fiscalía se querelló contra ellos como integrantes del órgano rector del parlamento catalán después de que permitieran la votación de una declaración de independencia de la región el pasado 27 de octubre.
Los acusa de delitos de rebelión, sedición y malversación alegando que urdieron «una estrategia concertada a declarar la independencia» en colaboración con el gobierno regional de Carles Puigdemont, destituido a finales de octubre por el ejecutivo español, y las asociaciones independentistas.
En su declaración, Forcadell defendió que como presidenta del parlamento no tiene «libertad para impedir votaciones» y que no se puede censurar previamente el debate parlamentario, relató un portavoz suyo. En líneas generales, la defensa intentó restar importancia a la declaración de independencia, señalando que no tuvo «efectos jurídicos», informaron fuentes presentes en el interrogatorio.
Ocho miembros del antiguo gobierno regional ya se encuentran encarcelados preventivamente por delitos de rebelión, sedición y malversación, así como los presidentes de dos asociaciones independentistas que organizaron grandes manifestaciones.
Puigdemont y otros cuatro miembros de su gabinete evitaron por ahora la cárcel al viajar hace diez días a Bruselas, donde están pendientes de la decisión de la justicia belga sobre la orden de extradición emitida desde España. La encarcelación de los diez líderes independentistas, considerados por sus militantes como «presos políticos», generó fuertes manifestaciones en Cataluña.
Fuente: El Telégrafo
