Para esto, el proyecto busca que las áreas rectoras de la economía que incluye la prestación de los servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y obras públicas, así como el desarrollo de las actividades económicas sean asumidas por el Estado, a través de la creación de empresas públicas, para su adecuada coordinación y gestión.
Según la propuesta, los directorios de estas empresas públicas serán integrados por representantes de los organismos que tienen incidencia directa sobre la determinación de las políticas públicas nacionales. Estarán conformadas por un titular del ministerio correspondiente, el presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas y un delegado de la Presidencia de la República.
El espíritu de esta normativa es, además, la consolidación democrática del Estado, a través de la transformación de un régimen de acumulación hacia la construcción de una estrategia del Buen Vivir.
