En el acto de inauguración, el mandatario destacó que desde 2011 se invirtieron 2.500 millones de dólares en el sector de justicia y 385 millones de dólares en el sistema penitenciario.
Destacó que los cambios en la justicia, reconocidos por personalidades a nivel internacional como el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Roberto Caldas, se dieron gracias al respaldo de los ciudadanos en la consulta popular de 2011.
“Este complejo judicial que inauguramos hoy es otra muestra de la nueva justicia, y no es solo hierro, cemento, es eficiencia, agilidad, transparencia, condiciones indispensables no solo para el manejo de la justicia sino para el progreso integral de los pueblos”, dijo.
“Desde hace más de medio siglo no se había construido en Quito una obra de esta magnitud para la administración de justicia, los servicios estaban dispersos en ocho edificios, la mayoría alquilados”, refirió.
Transformar la justicia, añadió, significa acercar los servicios a la gente con un modelo de gestión descentralizado que acelera el despacho de causas y que la reforma integral se concreta en cuatro ámbitos: dotación de infraestructura moderna, reformas en las normas procesales, fortalecimiento de la carrera judicial y la creación de una mesa de justicia de coordinación entre las instituciones que apoyan al sistema (Fiscalía, ministerios coordinador de Seguridad, de Interior y de Justicia, Defensoría Pública, y Policía).
Complejo judicial
Desde el 16 de enero comenzaron a atender: el Tribunal de Garantías Penales; los juzgados Primero, Segundo y Tercero de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; las unidades Cuarta de Familia, Penal y Contravenciones; el Centro Nacional de Mediación con seis mediadores; y, la Defensoría Pública.
Y desde el lunes, 23 de enero, la Unidad Judicial Civil, en la cual se tramitan los juicios con el Código Orgánico General de Procesos; los tribunales Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario; la Unidad Judicial de Trabajo; y, la Dirección Provincial de Pichincha atienden al público en el Complejo.
790 personas laboran en el nuevo edificio. De ellas, 144 son jueces, quienes tienen a su disposición 66 salas de audiencia perfectamente equipadas con sistemas de grabación de audio y video.
Además, existen salas de espera; ventanillas de requerimientos y de ingreso de escritos y causas; pantallas informativas; centros de copiado; y, accesos de circulación diferenciada para ciudadanos,jueces y personas privadas de la libertad.
También hay salas para testigos y víctimas; espacios de aseguramiento transitorio de personas privadas de la libertad; cámaras de Gesell; una sala lúdica, para que los padres encarguen a sus hijos mientras realizan sus trámites; consultorios médicos, psicológicos y de Trabajo Social.
Para el Presidente del CJ, Gustavo Jalkh, el principal objetivo de esta obra es “concentrar en un solo lugar, una serie de servicios que estaban dispersos en la capital, con el fin de brindar una mejor atención a los usuarios”.
El edificio de más de 50 mil metros cuadrados de construcción tiene un costo de 65.9 millones de dólares, incluido mobiliario y señalética.
