En un acto en un frigorífico avícola de la localidad de El Jagüel, en la provincia de Buenos Aires, Macri anunció su decisión de vetar la norma, a la que tachó de ley «antiempleo», haciendo uso de esas facultades constitucionales por primera vez desde que asumió la presidencia el pasado 10 de diciembre.
La ley vetada declara la emergencia laboral por 180 días, período durante el que un empleador deberá pagar doble indemnización en caso de despedir a un trabajador.
La norma fue impulsada por el kirchnerista Frente para la Victoria y el también peronista Bloque Justicialista, con el apoyo de las centrales sindicales y de otros sectores de oposición, y con el rechazo del gobernante frente Cambiemos y del sector empresario.
El argumento para aprobar la ley ha sido, según la oposición, la ola de despidos que registra Argentina, un diagnóstico que el Gobierno rechaza de plano.
El Ejecutivo admite, sin embargo, que hay un estancamiento en la generación de empleo, pero argumenta que se trata de «una difícil herencia» que viene desde hace cinco años, cuando el país era gobernado por Cristina Fernández (2007-2015).
Macri, que asumió la Presidencia en diciembre último, recordó hoy que la propia exmandataria kirchnerista se había mostrado meses atrás contraria a frenar por ley los despidos.
«¿Y por qué ahora la impulsan? Porque desde la política quieren ponernos palos en la rueda, no quieren que progresemos», sostuvo Macri.
Según el mandatario, «aquellos que gobernaron hasta hace poco» proponen «leyes que congelan el empleo, cepos al trabajo» porque pretenden «trabar» el «progreso» del país.
Macri aseguró que las empresas, tanto locales como extranjeras, están recuperando la «confianza» en Argentina y, más que en despedir empleados, piensan invertir y contratar trabajadores, por lo que, a juicio del Gobierno, la polémica ley actuará como un desincentivo.
En este sentido, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, insistió al concluir el acto que la norma es un «cepo al trabajo» porque «limita la salida pero mucho más limita la entrada de trabajadores» al mercado laboral.
En diálogo con los medios, Triaca negó que el veto tenga un coste político para el Gobierno porque, recordó, el Ejecutivo «desde el primer momento dijo que este proyecto de ley no favorecía a los trabajadores», en particular «los que están buscando trabajo o están en la informalidad».
Para el ministro, se abre ahora «la oportunidad de dar un debate positivo, más enriquecedor» sobre las cuestiones laborales.
Las normas argentinas establecen que, en caso de veto presidencial, el Congreso puede insistir en la aprobación de la ley.
Para ello, el proyecto debe ser confirmado por ambas cámaras del Parlamento, con el visto bueno de dos tercios de los integrantes, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados.
En la Cámara alta, el proyecto fue aprobado por 48 votos a favor (dos tercios de los miembros del Senado) y 16 en contra, mientras que en Diputados, de 257 integrantes y donde el balance de fuerzas está más repartido, la iniciativa recibió 147 votos a favor (menos de dos tercios del total de bancas), tres en contra y 90 abstenciones de Cambiemos.
El presidente del bloque del Frente para la Victoria en Diputados, Héctor Recalde, lamentó el veto presidencial y adelantó hoy que tomarán «los recaudos dentro de la ley para poder ratificar la aprobación», aunque admitió «que en Diputados es más difícil que en el Senado».
Recalde sostuvo en un comunicado que desconocer una ley aprobada «por una abrumadora mayoría» del Congreso «no aporta en absoluto al diálogo político que Macri tanto predica y declama pero que no practica».
Desde el ámbito sindical, las dos alas en las que está dividida la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) analizan convocar a una huelga ante la decisión presidencial, mientras que los tres sectores en los que está fracturada la Confederación General del Trabajo (CGT), que reúne a los gremios más poderosos, aún no se han pronunciado sobre cómo reaccionarán ante el veto.
