Elva Méndez, jueza de Garantías Penales de la Unidad de Flagrancia de Pichincha, acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva en contra de 11 procesados y el inicio de la instrucción fiscal (tiempo para profundizar la investigación) por 90 días.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, las mismas que se iniciaron en abril del 2016 con el apoyo de la Policía y autoridades judiciales correspondientes, se realizaron seguimientos a los procesados y se estableció la existencia de indicios que comprobarían el cometimiento del delito.
La fiscal Alexandra Zurita, en la audiencia de formulación de cargos, señaló que esta organización delictiva estaría integrada por ciudadanos nacionales y extranjeros quienes tomaban contacto con las víctimas y las trasladaban a territorio ecuatoriano por la frontera con Perú en Huaquillas, El Oro.
Luego eran llevadas a Quito. De ahí iban a Tulcán y a Colombia por pasos clandestinos. De este país se los trasladaba a Estados Unidos.
Se presume que más de 60 migrantes irregulares habrían sido movilizados cada mes. Ellos eludían los controles migratorios y continuaban su viaje por Centro América, para llegar a EE.UU.
Por estos ‘servicios’, los procesados cobraban entre 1.000 y 1.500 dólares a cada víctima. Esta cantidad era pagada en varias partes hasta completar la totalidad según cómo avanzaba el traslado.
Como evidencias, la Fiscalía presentó documentos, pasaportes, celulares, registros de los vehículos e informes del material incautado durante los allanamientos.
