La audiencia se desarrolló ante el juez de Garantías Penales del Guayas, Ángel Moya, quien acogió el pedido de la Fiscalía de ordenar la prisión preventiva en contra de los siete ahora procesados.
La audiencia se instaló en la Unidad Judicial Penal Albán Borja, la noche del viernes 17 de junio del 2016. En la diligencia, la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos de Pichincha, Diana Salazar, a cargo de la investigación, solicitó la retención del dinero y de los bienes que se encuentran en poder de los procesados.
Este petitorio fue aceptado por el juez Moya, basado en los elementos de convicción, presentados por la fiscal Salazar, como el reporte de las operaciones inusuales no justificadas emitido por la Unidad de Análisis Financiero, que tiene relación con la millonaria exportación de oro al extranjero por parte de dos empresas privadas.
A esto se suma el informe investigativo de la interceptación de las llamadas realizadas entre los detenidos. Además del reporte de las transacciones efectuadas en el sistema financiero entre las empresas y proveedores.
En la audiencia, la fiscal Salazar expuso que mediante trabajos de inteligencia se detectaron irregularidades en las actividades de comercialización y exportación, como la cantidad de oro comercializado en el exterior por las empresas investigadas, mismo que supera considerablemente el límite de la producción en el territorio nacional.
Antes de concluir con la audiencia, el magistrado Moya se retiró del conocimiento del caso para pase a un juez de la provincia de Pichincha.
La Fiscalía tendrá 90 días para el término de la instrucción fiscal, etapa en la cual recopilará elementos de pruebas para continuar con el proceso judicial abierto contra los presuntos implicados.
De forma simultánea se desarrolló el operativo denominado ‘Atardecer’, la madrugada de este viernes 17 de junio, en Guayas, El Oro y Pichincha. Fue dirigido por la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía y se detuvo a siete ciudadanos, presuntos integrantes de la red delictiva.
Más de 30 funcionarios de la Fiscalía, entre asistentes, secretarios y fiscales participaron en el operativo con el apoyo de elementos de las unidades élites de la Policía Nacional.
Así se cumplieron las 22 órdenes de allanamientos en domicilios y empresas, solicitadas por la Fiscalía a los jueces competentes de cada localidad.
En este procedimiento se decomisaron cerca de 100 vehículos. Asimismo altas sumas de dinero y bienes inmuebles, dos armas, equipos tecnológicos y documentación.
También se incautaron más de 47 mil dólares en efectivo, 20 barras de materiales minerales (plata y oro), 8 armas de fuego, municiones y documentación referente a la actividad que ejercían las empresas mineras que también fueron allanadas.
