En concreto, el exministro fue procesado por los delitos de «descarrilamiento de un tren agravado por resultar personas fallecidas y lesionadas, en calidad de coautor y defraudación contra la Administración Pública por administración fraudulenta, en calidad de partícipe necesario, conductas estas que concurren realmente entre sí», informó el Centro de Información Judicial (CIJ).
Además, el magistrado ordenó un embargo hasta cubrir la suma de 600 millones de pesos (42 millones de dólares).
También fueron procesados Jorge Gustavo Simeonoff, exsecretario ejecutivo de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, y Silvia Emilse López, exempleada de Trenes de Buenos Aires Sociedad Anónima.
Por otro lado, el juez no hizo lugar a los planteos de nulidad realizados por las defensas de De Vido y Simeonoff contra la resolución del 4 de abril pasado que dispuso su citación a prestar declaración indagatoria.
Ya el pasado 26 de abril, Bonadio rechazó una recusación planteada en su contra por De Vido, quien declaró por escrito el pasado 21 de abril, cuando rechazó tener responsabilidad en el suceso.
El actual diputado por el kirchnerista Frente para la Victoria pidió que se apartase a Bonadio de la dirección de la causa por «temor objetivo de parcialidad», dada su «transformación pública y objetiva del Juez en un cruzado ‘anti K’ (antikirchnerista)».
Además, en el escrito que presentó ante el juez, afirmó que la acusación versa sobre «hechos que son ajenos» a su «responsabilidad penal o administrativa» -ya que pertenecían al ámbito de la Secretaría de Transporte- y que constituyen, «en todo caso, cuestiones políticas incensurables en una causa penal.
En la mañana del 22 de febrero de 2012, un tren se empotró contra la vía de la transitada estación porteña de Once, lo que causó la muerte de 51 personas (una de ellas embarazada) y dejó unos 700 heridos.
La causa sobre las responsabilidades del accidente condenó el pasado diciembre a ocho años de prisión al exsecretario de Transporte kirchnerista Juan Pablo Schiavi (2009-2012) y a su antecesor, Ricardo Jaime (2003-2009), por un «delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública».
En el dictamen final, la Justicia les castigaba por no tomar medidas ante las graves deficiencias que presentaba el sistema ferroviario y apuntaba la necesidad de investigar también a De Vido, responsable de la cartera a la que pertenecía el área de Transporte.
También recibieron penas de cárcel varios directivos de Trenes de Buenos Aires (TBA) -que tenía la concesión de la línea siniestrada- y para el maquinista que conducía el tren, Marcos Córdoba.
