En un boletín, la Procuraduría aseguró que «una vez que se determinen responsabilidades en esta investigación, el Estado ecuatoriano adoptará las medidas necesarias para que los responsables, sin importar si se trata de particulares o agentes estatales, sean juzgados y sancionados conforme lo que determina la ley». En el comunicado, le entidad estatal se refirió al Equipo de Seguimiento Especial (ESE) conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual dispuso la aplicación de medidas cautelares.
El ESE levanta información en Ecuador y en Colombia, donde se investigan los hechos que derivaron en el asesinato de los tres integrantes del equipo periodístico: Efraín Segarra, Javier Ortega y Paúl Rivas. «El ESE es un mecanismo de apoyo cuyo aporte final al Estado será un informe en el que se realizarán las observaciones y recomendaciones del caso.
En tal virtud, la conclusión del ESE de ninguna manera implica el cierre de las investigaciones penales que se adelantan tanto en Ecuador como Colombia, en las que se deberán determinar a todos los responsables del secuestro y asesinato de nuestros compatriotas», ha dicho la Procuraduría, que ha insistido en solicitar a la CIDH que levante las medidas cautelares que emitió el 12 de abril del 2018 a favor de Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas.
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A continuación, la transcripción del comunicado de la Procuraduría: PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO RATIFICA COMPROMISO DEL ESTADO EN LA INVESTIGACIÓN DEL SECUESTRO DE EQUIPO PERIODÍSTICO DE EL COMERCIO El 6 de diciembre del 2018 se realizó la audiencia pública sobre las medidas cautelares MC-309 18 Ref. Efraín Segarra y otros, en la ciudad de Washington DC, Estados Unidos, sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la diligencia la Procuraduría General del Estado reafirmó el compromiso estatal de investigar los hechos ocurridos con los miembros del diario El Comercio, que fueron secuestrados y asesinados por el grupo Olivier Sinisterra. La Procuraduría General del Estado enfatizó que, una vez que se determinen responsabilidades en esta investigación, el Estado ecuatoriano adoptará las medidas necesarias para que los responsables, sin importar si se trata de particulares o agentes estatales, sean juzgados y sancionados conforme lo que determina la ley.
En este sentido, se debe señalar que la creación del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) en ningún momento estuvo pensada como un reemplazo al trabajo de la Fiscalía. El ESE es un mecanismo de apoyo cuyo aporte final al Estado será un informe en el que se realizarán las observaciones y recomendaciones del caso.
En tal virtud, la conclusión del ESE de ninguna manera implica el cierre de las investigaciones penales que se adelantan tanto en Ecuador como Colombia, en las que se deberán determinar a todos los responsables del secuestro y asesinato de nuestros compatriotas. Así como levantar las medidas cautelares no significa el archivo del proceso investigativo que lleva la Fiscalía, la misma que continuará con el proceso que le corresponde.
Fuente: El Comercio – nota original: LINK
