La Procuraduría General del Estado contestó, el 23 de enero pasado, al requerimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las medidas cautelares contra la consulta popular solicitada por tres consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y solicitó una prórroga para complementar la información, indica un comunicado.
Añade que el 1 de febrero remitió un alcance a la contestación. El 17 de enero, la CIDH amparada en el art. 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, solicitó información al Ecuador relacionada a la consulta popular y referendo, que fue contestada por la Cancillería.
«El Estado ecuatoriano podrá remitir información adicional de considerarlo pertinente», informa la Procuraduría en el comunicado.
Ayer, el expresidente Rafael Correa relacionó la renuncia del procurador Diego García, el 31 de enero, a una supuesta negativa de querer dar información al Sistema Interamericano.
