La decisión se dio a conocer casi al finalizar el día jueves por el juez de investigación preparatoria Richard Carhuancho, al cabo de una audiencia de más de 14 horas dedicadas en su mayoría a los alegatos del fiscal Germán Juárez, del abogado de Heredia, Eduardo Roy Gates, y de los demás involucrados.
La orden de arraigo fue dictada para Heredia, su hermano Ilan y su amiga Rocío Calderón, quienes, según el fiscal, integraban con la primera una organización dedicada al lavado de dinero supuestamente ilícito captado para las campañas electorales del hoy presidente Ollanta Humala de 2006 y 2011.
El juez argumentó que no deben salir de Perú porque se necesita su presencia constante para las diligencias judiciales, sin mencionar el motivo usual de los arraigos, que son el peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación.
En su alegato, el fiscal sostuvo que Heredia y el actual mandatario recibieron fondos del exterior para fines electorales y los disfrazaron en numerosos aportes de ciudadanos y de empresas brasileñas a cambio de contratos de obras en Perú.
El abogado de la primera dama aseveró que a lo largo de las extensas investigaciones previas no se ha demostrado que los fondos electorales del Partido Nacionalista, de Heredia y Humala, tengan origen ilícito, elemento indispensable para que exista delito de lavado de activos.
Legisladores nacionalistas cuestionaron la acusación del fiscal y un informe parlamentario igualmente inculpatorio y consideraron que tienen intencionalidad política y hablaron hasta de ensañamiento en contraste con la permisividad a oscuros financiamientos de otros partidos.
Nadine Heredia deberá pagar además una garantía de 50.000 soles (unos 15.000 dólares) por la «naturaleza sumamente grave del delito investigado», precisó el juez Richard Concepción, a cargo del caso, tras la audiencia judicial que fue televisada.
La defensa de la primera dama cuestionó que el caso se haya construido en base a la declaración de un «colaborador eficaz», que confiesa a cambio de beneficios judiciales, y cuyas afirmaciones, dijo, no están probadas.
Parte de las indagaciones del fiscal se apoyan también en unas agendas de propiedad de la primera dama, con anotaciones de transferencias de dinero, reuniones con empresarios y posibles financistas.
En un primer momento, Heredia negó ser propietaria de esos documentos, pero luego admitió que se las habían robado y reconoció su letra en las anotaciones. Para el juez, esto configura una conducta de «desviación de la verdad».
El caso que impulsa la fiscalía llegó a los tribunales cuando faltan seis semanas para que finalice el mandato de cinco años del presidente Humala, en lo que constituye la primera vez que se involucra judicialmente a la esposa de un presidente en ejercicio.
El mandatario, por su parte, descartó en su momento algún tipo de financiamiento del gobierno venezolano, pero admitió que recibieron donaciones probadas del extranjero de forma legal.
