Después de 10 días de protestas, manifestantes, organizaciones sociales e indígenas se tomaron la Gobernación de Napo como medida de rechazo a la construcción de la prisión impulsada por el Gobierno. Según los organizadores, la toma del edificio responde a una resolución de la Asamblea Popular Permanente de Napo, que ha decidido radicalizar las movilizaciones, las cuales han adquirido un carácter regional.

Créditos: CONFENIAE

Desde que se conoció el proyecto, los habitantes de Archidona han expresado su rechazo a la construcción de una cárcel de máxima seguridad que, según las comunidades y organizaciones sociales, se construirá cerca de zonas pobladas. Además, denuncian que fue aprobada sin la consulta previa, libre e informada, tal como exige la Constitución.

Entre las resoluciones adoptadas por la Asamblea Popular Permanente de Napo se encuentran el rechazo a la construcción de la cárcel en la provincia de Napo y en todo el territorio amazónico, la declaración del estado de emergencia y la convocatoria a los sectores sociales para que se unan a la protesta.

Por su parte, Henry Moreno, periodista de Napo, advirtió que las organizaciones han programado una serie de reuniones para diseñar nuevas estrategias de protesta más radicales, como la toma de pozos petroleros y otras áreas clave donde se planea construir la cárcel. Según explicó, estas acciones buscan que el Gobierno suspenda la construcción del centro penitenciario y reconsidere su ubicación.

Debido a las manifestaciones de 11 días, los bloqueos han paralizado las vías principales que conectan Tena, Coca, Quito y otras ciudades, interrumpiendo el comercio, la movilidad y el turismo en el territorio amazónico, lo que ha provocado un desabastecimiento de combustible y otros productos esenciales.

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