En declaraciones a la prensa en la ciudad de Daule, próxima a Guayaquil, el canciller se refirió por primera vez públicamente al protocolo, cuyo contenido no se ha revelado oficialmente pero que ha provocado el tajante rechazo de los abogados que defienden al activista australiano.
Cuenta «absolutamente con todo el respaldo judicial (y) legal del caso, ya que es un protocolo adoptado conforme a estándares internacionales y a la ley ecuatoriana», aseguró Valencia. Poco antes, el exjuez español Baltasar Garzón, en una rueda de prensa en Quito, lo había tachado de «unilateral» y «arbitrario» y reveló que, por ello, había presentado una acción legal de protección para el australiano en contra de Valencia.
El canciller, en una primera reacción a la acción legal, dijo que responderán a ella «de manera adecuada, siguiendo el apego al derecho».
Valencia aseguró que la embajada en Reino Unido tiene una «jurisdicción clarísima»: la jurisdicción del Estado ecuatoriano, y tiene «el derecho de proteger sus oficinas, a los funcionarios que trabajan ahí e incluso al propio señor Assange».
Según precisó, “el protocolo está enfocado en ese sentido. Queremos únicamente que las visitas se registren como pasa en cualquier otra embajada del mundo (…) por cierto, permitiendo que todo aquel que vaya a visitar al señor Assange lo haga. Él tiene ese derecho, sin embargo que lo haga de una manera ordenada y bajo las normas leyes y directrices del gobierno ecuatoriano”.
Refugiado en la sede diplomática ecuatoriana desde el 19 de junio de 2012, el periodista y activista era requerido desde 2010 por las autoridades suecas en relación con dos acusaciones de violación a dos mujeres, que él niega.
No obstante, Suecia finalmente archivó la causa al no poder avanzar en la investigación, pero un tribunal londinense rechazó dejar sin efecto el mandato de arresto de Assange, aduciendo un incumplimiento de las condiciones de su libertad bajo fianza.
Fuente: El Telégrafo – Nota original: LINK
