Un día después del terremoto ocurrido en Manabí y parte de Esmeraldas, las brigadas de voluntarios y personal del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis) se activaron. Partieron a Pedernales, Manta y Portoviejo en primera instancia, para evaluar el estado de los ciudadanos con discapacidad afectados por el sismo.
La tarea consiste en conocer los casos de personas más vulnerables ante la emergencia, cuantificar sus pérdidas, sus necesidades de medicamentos o ayudas técnicas y saber quiénes se quedaron sin hogar. Con ayuda de la Setedis (Secretaría Técnica de Discapacidades) se ha logrado identificar que entre los más de 22.000 damnificados también hay 394 personas con discapacidad desplazadas de sus casas.
De este total, 268 viven junto a sus familias en albergues y otras 126 se encuentran en casas acogientes. Además, según el último informe de la Setedis, 376 ciudadanos con discapacidad precisan de atención médica urgente, en especial de insulina y carbamazepina. Este último fármaco se usa para controlar las crisis de epilepsia.
“En este contexto, estimado amigo, solicito su valiosa intervención ante los organismos internacionales de cooperación en las causas humanitarias, para que nos apoyen en la dotación de vivienda para personas con discapacidad y sus familias”, escribió el pasado 22 de abril el vicepresidente de Fenedif, José Quinteros Macías. La carta de Quinteros y la Fenedif (Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física) estaba dirigida a Lenín Moreno en su calidad de Secretario Adjunto de las Naciones Unidas y Enviado especial de la ONU para la discapacidad.
La meta de la Fenedif, un brazo del Conadis, es dotar a estas 394 personas con discapacidad afectadas, de viviendas accesibles y construidas en base a parámetros técnicos inclusivos. El exvicepresidente ecuatoriano Lenín Moreno no tardó en contestar al pedido de la Fenedif, y la oficina que dirige en la ONU procedió a “formular un perfil del proyecto de viviendas accesibles, para acudir a la comunidad internacional y nacional”, con el fin de que solventen la iniciativa.
En su misiva de respuesta, Moreno indica que en todos los desastres naturales, emergencias o conflictos, las personas con discapacidad por lo general se ven afectadas de manera desproporcionada “debido a que las medidas de evacuación, respuesta y de recuperación les resultan inaccesibles”.
El Enviado especial de la ONU también agrega que los ciudadanos con discapacidad merecen una vivienda adecuada para su condición, porque se trata incluso de “un asunto de vida o muerte, ya que requiere de procedimientos de atención y de reposo necesarios para que no se desarrollen lesiones que pueden afectar gravemente su salud. Es por esta razón que reconocemos el carácter de urgente de la iniciativa”.