El pasado martes 14 de junio, el Pleno de la Asamblea Nacional estaba convocado para realizar el segundo y definitivo debate del proyecto de ley de Medicina Prepagada que fue presentado por la asambleísta de Alianza País (AP), Pamela Falconí.
Según su ponente, la normativa busca proteger los derechos de los usuarios; regular y controlar el funcionamiento de las compañías y seguros que ofrezcan servicios de medicina prepagada; y garantizar una competencia sana entre las compañías.
Sin embargo, el segundo debate no se realizó debido a que la Comisión del derecho a la salud no finalizó su debate interno de las propuestas que debían ser incorporadas en el proyecto. Según Falconí, la mesa legislativa no recogió las observaciones planteadas durante la socialización. Además, dijo, que se excluyeron varios aspectos positivos de la normativa que constaban en el informe para primer debate.
Según recogió diario La Hora, una de las observaciones realizadas por Falconí tiene relacion con los precios. Esto porque, según dijo, se estaría dejando a discrecionalidad de actuarios independientes que elaboren las normas técnicas para que la Autoridad Sanitaria Nacional las apruebe. En respuesta, el presidente de la Comisión de Salud, William Garzón, aseguró que los precios deberían ser establecidos por la empresa privada con base en un estudio actuarial de un tercero para que la Autoridad Sanitaria regule y apruebe esos precios bajo algunos parámetros.
Notimundo intentó comunicarse con los asambleístas Pamela Falconí y William Garzón pero no obtuvo su respuesta.
