El asambleísta Fausto Cayambe destacó que la enmienda constitucional prevé un solo régimen laboral en el sector público. “Estamos en un nuevo momento de la historia del servicio público” dijo, al recordar que de los 624 mil servidores públicos solo 113 mil 172 tienen la calidad de obreros y, consecuentemente, tenían derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga.
En este primer informe se incorporan esos derechos de modo que los 624 mil servidores puedan tener libertad de organización, enfatizó.
Liuba Cuesta comentó que la eliminación de las desigualdades entre obreros y servidores del Estado es conveniente para los intereses nacionales. “Resultan inadmisibles e injustificables las diferencias conceptuales y normativas que rigen sus relaciones laborales”, expresó, al advertir que el principio de igualdad debe aplicarse en el servicio público y beneficiar así a los obreros y servidores hasta hoy relegados en el ejercicio de sus derechos.
También habló de la intención de viabilizar el derecho de servidores públicos a organizarse para defender sus derechos y mejorar la prestación de los servicios públicos. La libertad para organizarse está garantizada en la Constitución, permitirá una mejor participación y gestión de trabajadores del sector público, reiteró.
Herman Moya manifestó que el proyecto es de gran importancia para el cuerpo normativo de nuestro país y en especial para la garantía de los derechos de los servidores públicos. La aprobación de las enmiendas obliga a modificar la legislación que aún tiene vacíos que impiden garantizar los derechos laborales, subrayó.
Indicó que en la actualidad se reconocen amplios derechos para los trabajadores públicos y privados por ser derechos humanos fundamentales y en este sentido las reformas buscan equidad y justicia social para los trabajadores del país.
De su lado, Marcelo Solórzano expuso ciertos reparos a este proyecto, referentes al derecho a la huelga, sindicalización y contratos colectivos e invocó a profundizar el diálogo con las organizaciones de los trabajadores para construir de manera conjunta un mejor proyecto, a la vez que expresó su desacuerdo con la eliminación de la contratación colectiva en el sector público.
Hay que analizar lo atinente al servicio ocasional en el caso de los profesionales jóvenes sostuvo María del Pilar Almeida e insistió en facilitar estudios de maestría a personas que accedieron al trabajo juvenil.
Verónica Arias indicó que la contratación colectiva se convirtió en un mecanismo de chantaje y leyes como la denominada Trole facilitaron las privatizaciones y mantuvieron los privilegios sindicales, mientras que Betty Carrillo subrayó que los beneficios y derechos laborales tienen que ser iguales para todos, es decir, obreros y servidores públicos. Pidió incorporar una disposición que frene el hostigamiento laboral.
