Otto Vera, asambleísta por el PSC, consideró que las modificaciones a último momento del proyecto de ley para el combate del lavado de activos, evidencian la ausencia de una agenda en materia legislativa. A la propuesta, Vera la calificó como un “manotazo de ahogado” que dependería del ambiente pre-electoral.
“Parece que la agenda depende de cómo camina el ambiente político. Eso es un grave error”, dijo.
Enfatizó que, dentro de los artículos de la iniciativa, se pretende cargar a la ciudadanía con el peso de la crisis, mediante el aumento de impuestos, y el señalamiento a la Asamblea de “apoyar” a organizaciones criminales en caso de no tramitar la propuesta.
“Si el presidente a través de la prepotencia, trata de obligar a la Asamblea a que sigamos pasándole la factura al pueblo ecuatoriano a través de la subida de impuestos está equivocado”, cuestionó.
Por ello, adelantó que, el proyecto del Primer Mandatario no pasará el primer filtro del Consejo de Administración Legislativa, ante una normativa “recaudatoria” e “impuestera”.
Sin embargo, precisó que la iniciativa que sugiere siete medidas de alivios financieros tiene aspectos importantes que podrían ser discutidos dentro del CAL.
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Proyectos de ley que advierten la gravedad de la crisis
Para el experto tributario, Napoleón Santamaría, las dos iniciativas del presidente Daniel Noboa advierte de la gravedad de la crisis económica del país.
“El Gobierno nos está diciendo tácitamente que la situación económica es dramática (…) La ley nos dice: Alguien tiene que pagar la factura, y el Estado no tiene fondos”, enfatizó.
Santamaría puntualizó que, con esta normativa, el Gobierno busca cargar al sector de la venta de vehículos y universidades con el peso de la crisis que, anticipó, podría extenderse hasta enero del próximo año.
Por ello, consideró que si bien los alivios financieros con respecto a la suspensión de los cobros coactivados desde noviembre hasta febrero del 2025 por parte del IESS, y la extinción de deudas tributarias que no superen 1 salario básico por el SRI, estos deberían ser más “potentes”.
“Si seguimos con estos golpecitos de vapor y medidas tibias para tapar los pequeños huecos que tenemos, no saldremos adelante. Tenemos que tomar medidas radicales”, precisó.
Por otro lado, recordó que el país tiene una evasión fiscal equivalente al 6.5% del PIB, lo que representa USD 7.000 millones que podrían ser controlados y regulados por la Unidad de Análisis Financiero (UAFE).
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